Una concentración de vecinos en Castro Urdiales (Cantabria) ha exigido la retirada del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno central, una medida que los participantes consideran contraria al orden constitucional y adoptada sin el debido debate parlamentario. Durante la protesta, varios portavoces criticaron que la iniciativa se haya aprobado mediante decreto, evitando su paso por el Congreso, lo que a su juicio supone una forma de actuar «impositiva».
La movilización avanzada por OkDiario también sirvió para expresar el malestar existente en torno a la situación de los servicios públicos. Los asistentes sostuvieron que España atraviesa un deterioro en ámbitos clave como la sanidad, la educación o las infraestructuras, y cuestionaron la capacidad del país para asumir la llegada de más población en este contexto. Entre los ejemplos mencionados figuraron problemas en el sistema sanitario, el aumento de las ratios en las aulas o distintos sucesos relacionados con la seguridad y el estado de las infraestructuras.
En el plano local, los manifestantes pusieron el foco en decisiones adoptadas en Cantabria, como la financiación de recursos asistenciales para menores. En concreto, criticaron la asignación de fondos públicos a la gestión de centros tutelados a través de entidades privadas, señalando que, mientras algunos proyectos sanitarios siguen pendientes, se destinan partidas a este tipo de iniciativas. Asimismo, cuestionaron la estructura empresarial vinculada a dichas organizaciones.
Otro de los puntos que generó mayor controversia fue la apertura de pisos tutelados en barrios de Santander. Según los participantes en la concentración, estos recursos se habrían habilitado sin información previa a los vecinos, lo que habría provocado inquietud entre residentes de la zona. También se mencionó la existencia de otros centros en localidades cercanas, vinculando este asunto al debate sobre la acogida de menores no acompañados.
Durante el acto, algunos intervinientes hicieron referencia a datos sobre criminalidad, afirmando que determinados delitos han experimentado incrementos en los últimos años. Estas afirmaciones fueron utilizadas para justificar su oposición a la regularización, aunque no se aportaron fuentes concretas durante la protesta.
Las críticas se dirigieron igualmente hacia la gestión municipal. Parte de los asistentes reprochó a la alcaldesa de Castro Urdiales su actitud ante estas cuestiones, acusándola de falta de cercanía con los vecinos y recordando su intención de no presentarse a futuros comicios locales.
La concentración concluyó con consignas centradas en la defensa de las pensiones y las ayudas sociales para la población residente en España, reflejando un malestar que combina preocupaciones económicas, sociales y políticas en torno a la gestión de la inmigración.
