El sur de Mallorca está experimentando una semana de alta presión inmigratoria por la llegada de más de 600 inmigrantes ilegales en patera. Los municipios de Campos, Ses Salines y Santanyí se encuentran entre los más afectados y han manifestado su indignación por lo que consideran una falta de acción del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta crisis migratoria.
Xisca Porquer, alcaldesa de Campos por el Partido Popular, ha expresado su preocupación, señalando que muchos vecinos se sienten «prisioneros en su propia casa» debido al aumento de actos vandálicos y de okupación. «Es una situación triste: la gente tiene miedo de salir de sus casas y nos piden que tomemos medidas porque cierran las puertas por temor a robos o ataques», afirmó la alcaldesa a OkDiario.
Además, en redes sociales han circulado varios vídeos de recién llegados al sur de Mallorca, donde se observan celebraciones que incluyen bengalas, petardos y comentarios que algunos han interpretado como provocaciones. Este comportamiento ha generado indignación en los municipios afectados. Porquer subraya que Campos es un municipio solidario, pero advierte: «Sólo con quien realmente lo necesita, no con quienes vienen a causar problemas».
Porquer también menciona que muchos de los inmigrantes que llegan a las costas mallorquinas son «hombres bien vestidos y con teléfonos móviles» y asegura que no parecen venir en busca de refugio. «Algunos, incluso, llaman a la Guardia Civil para que los recojan«, destaca la alcaldesa, quien insiste en la necesidad de mayor seguridad y control.
Desde Ses Salines, el alcalde Juan Rodríguez, también del Partido Popular, se suma a las críticas y describe la situación como una «auténtica avalancha«. Rodríguez manifiesta su preocupación desde los ámbitos humanitario, medioambiental y de recursos, considerando que la llegada masiva de personas no parece tener solución a la vista. «Esto ha pasado de ser una situación extraordinaria a algo frecuente, y es preocupante», afirmó.
Rodríguez sospecha, además, que detrás de esta oleada de llegadas podría haber intereses organizados. «Cuando un lugar como el nuestro recibe a más de 100 personas en tan poco tiempo, es evidente que hay alguien beneficiándose de esto. El Gobierno debe investigar y abordar esta situación de raíz», expresó.
Ambos alcaldes han solicitado medidas urgentes al Ejecutivo de Pedro Sánchez, alegando que la situación ha alcanzado un punto límite. «No podemos acoger a más gente, y el Gobierno de España debe intervenir de inmediato», concluye Porquer.
