Un total de 40.647 personas dependientes murieron en 2016 sin haber recibido la prestación reconocida y este año podrían ser 34.000, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ha lamentado la «insumisión» del Gobierno con la Ley de la dependencia.
Esta norma fue creada por Zapatero y su desarrollo corresponde a las Comunidades Autónomas, para lo que no fijó ningún presupuesto. Así, el Gobierno siguiente se encontró con una ley vacía presupuestariamente y a las regiones reclamando partidas específicas. Han pasado más de seis años y los populares no han hecho nada para enmendarlo. Para esto no hay dinero pero sí para las subvenciones más absurdas que enumeramos al final del artículo.
Los datos los ha aportado el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, en un acto en el Congreso en el que ha hecho un balance del pacto por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que hace un año firmaron todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV.
El pacto firmado entonces buscaba entre otros objetivos revertir en los presupuestos de 2017 los recortes en el sistema de la dependencia, aprobar un modelo estable de financiación del SAAD y no modificar la ley sin un consenso similar al menos al que se logró al cuando la norma fue aprobada hace ya once años.
En el acto, al que han acudido también representantes de todos los grupos que firmaron el documento, Ramírez ha destacado que la lista de espera de dependientes con la ayuda reconocida es de 320.000 y que cada 15 minutos muere uno de ellos sin haber recibido la prestación.
El presidente de la Asociación ha subrayado que los datos oficiales de los últimos informes de la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido 40.647 fallecimientos de personas, que, siendo dependientescon derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones o servicios oportunos.
Para Ramírez, el Gobierno «ha pisoteado» los derechos de los dependientes y de sus familias y les ha causado «un sufrimiento terrible».
De acuerdo con el balance de la Asociación, en el primer semestre del año el Sistema ha tenido un gasto de 3.700 millones de euros, solo 86 millones más que en los seis meses anteriores; además, la asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4 % del gasto, y la aportación del Estado sigue siendo «claramente insuficiente».
En este sentido, ha recordado que la subida anunciada por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el pasado mes de octubre de las cuantías del nivel mínimo de protección a las personas dependientes -el que aporta el Estado- solo supondría el equivalente a reducir la lista de espera en un 3 %.
Por otra parte, Ramírez ha remarcado que se ha incrementado el número de personas atendidas, pero han sido, fundamentalmente, las valoradas con Grado I (los dependiente moderados) y que reciben una ayuda «de bajo coste» como la teleasistencia, la cual tiene un coste medio de 25 euros al mes.
Con todo ello, el presidente de la Asociación ha pedido a los partidos que han acudido al acto una reunión «al más alto nivel» para poner en la agenda política y pública la dependencia, y que no modifiquen la ley sin antes solucionar el problema de la financiación.
Los representantes de los grupos parlamentarios -PSOE, Podemos, Ciudadanos, PDCAT, Compromís, Nueva Canarias, UPN y PDCat- han coincidido en la necesidad de dotar a la ley de una financiación suficiente.
También ha intervenido la presidenta de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia, Aurelia Jerez, quien, entre otras cosas, ha reclamado que se unifiquen los criterios de valoración entre las comunidades autónomas y que se recuperen las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar, que en más de un 90 % son mujeres.
Pero para esto sí hay dinero…
Casi 60.000 euros para «fortalecer la protección de los derechos de los/las presos/as políticos/as», un sistema de riego que tardará cuatro siglos en amortizarse o casi 8.000 euros para celebrar un congreso sobre plagas de solanáceas…en Quito. Es el TOP 5 del despilfarro de dinero público.
1. El Ayuntamiento de Madrid presenta un proyecto de riego de 200.000 euros
El Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de España, invertirá 200.000 euros en un nuevo sistema de riego por goteo para el jardín de la estatua de Don Álvaro de Bazán. El nuevo y original sistema logrará un ahorro de 457 euros al año con respecto al sistema actual. ¿Qué significa esto? Que la inversión “sólo” tardará… 437 años en amortizarse.
2. Quinto Encuentro Internacional de Cucurbitáceas celebrado en Cartagena, Murcia, 3.500 euros
¿Qué tienen en común un melón, una sandía, una calabaza, un calabacín y un pepino? Que todos pertenecen a la familia de las plantas cucurbitáceas. ¿Y esto qué tiene que ver con usted? Muy fácil, de su bolsillo han salido los 3.500 euros que han ayudado a financiar el vibrante Quinto Encuentro Internacional de Cucurbitáceas celebrado en Cartagena, Murcia.
3. Simposio Internacional de manejo integrado de plagas de solanáceas, 7.786 euros
Sepa usted, castigado contribuyente, que una parte de sus impuestos, concretamente 7.786 euros, han ido dirigidos a un emocionante Simposio Internacional de manejo integrado de plagas de solanáceas celebrado en Quito, Ecuador.
¿Que no sabe qué son las plagas de solanáceas? A la administración le importa poco, mientras usted ponga la cartera…
4. Fortalecer la protección de los derechos de los presos políticos, 57.436,64 euros
¿Sabía usted que en España, como en Cuba o Venezuela, también tenemos presos políticos? Y no deben ser pocos a juzgar por la jugosa subvención que el Ayuntamiento de Barcelona dedica a «fortalecer la protección de los derechos de los/las presos/as políticos/as” en España. Presos políticos. Casi diez millones de las antiguas pesetas para algo que no existe. ¿Cabe mayor despilfarro?
5. Pregón de los Carnavales de Cádiz a cargo de Pablo Carbonell, 48.000 euros
Pues sí, Pablo Carbonell, artista y cantautor de letras tan profundas como “Mi agüita amarilla” ha sido el pregonero del Carnaval de Cádiz. Una cansada actividad por la que ha recibido 48.000 euros de dinero público.
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