Recibir una ayuda por dependencia en España es misión imposible y, si tienes finalmente la suerte de acceder a ella, el señor Montoro entra en escena como si del cobrador del frac se tratase.
Esto le ha ocurrido a una anciana de 96 años que residen en Santa Cruz de Tenerife y que presenta graves problemas de movilidad, lo que le ha llevado a solicitar una prestación por dependencia. Sus hijas, según relata La Vanguardia, ya no pueden hacerse cargo de ella ni prestarle la atención que requiere.
Al ver lo difícil que resultaba acogerse al plan de dependencia -cuya competencia es de ámbito autonómico- la familia decidió concurrir a un programa de ayudas que ofertó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2013. La mujer obtuvo la asistencia y, entre las dos posibilidades que podía obtener -en dinero o especies-, rechazó la asignación pecuniaria y optó por la ayuda de una cuidadora.
David, nieto de la preceptora, ha explicado al citado diario que la ayuda consistía en ‘’acudir un par de horas al día y tres veces por semana’’ para ‘’con la ayuda de mi madre y mis tías, bañar a mi abuela’’.
Todo parecía correcto. La anciana pudo acceder al programa municipal, la familia recibió la ayuda de la cuidadora y no obtuvieron ni un duro que se pudiera haber empleado para otro fin distinto al estipulado.
Es ahí donde entra Montoro. Hacienda remitió una carta a la anciana advirtiéndole que no había hecho la declaración de la renta para incluir los servicios municipales, que el Ayuntamiento subcontrató con la privada Eulen. “El consistorio nunca le envió el certificado de la renta, pero resulta que esta ayuda se contabilizó como un rendimiento en especies de unos 700 euros al mes (8.092€ en total)”, ha indicado David a La Vanguardia.
El argumento de Hacienda es que al haber ‘’tenido dos pagadores’’ durante el ejercicio de 2013 -la pensión de viudedad y la prestación municipal- debería haber cumplimentado la declaración de la Renta. La familia decidió entonces presentar la documentación y se encontró con que debe pagar 1.600 euros y hacer frente a una multa del 50%.
“El Ayuntamiento le imputa un precio de más de 700 euros al mes porque una persona la ayude unas horas a la semana, pero esa persona ayuda durante dos horas a mi abuela y el resto de su jornada a otros ancianos. El precio que la empresa privada y el ayuntamiento fijan es casi un sueldo y no es real. ¿Cada anciano debe tributar por 700 euros si la ayuda es por horas?”, ha reflexionado el nieto de la anciana.
La familia denuncia que de haber accedido a un asistencia privada -que no se pueden costear- ahora no tendrían este problema. “Lo que no puede ser es que Hacienda diga que esa Ayuda de Asistencia Social es un ingreso y la obligue a tributar por una ayuda que el Estado no le presta porque aún estamos esperando la Dependencia”, ha añadido con resignación, y ha indicado que al final les tocará pagar para no enfrentarse a un posible embargo.
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