Las asociaciones Unión del Pueblo 29 y Solo el Pueblo Salva al Pueblo, que agrupan a familiares de fallecidos y afectados por la riada del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, han denunciado que la investigación judicial en marcha «se ha revelado como un instrumento politizado» que, a su juicio, busca evitar que se depuren responsabilidades por la catástrofe, que dejó 230 muertos.
En un manifiesto hecho público tras «16 meses de lucha en las calles y los tribunales», los colectivos cargan contra la instrucción que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en los juzgados de Catarroja. Según sostienen, el proceso pretende «dejar sin investigar lo sucedido ni castigar a los culpables» dentro de la administración pública.
El foco de la crítica se sitúa en el alcance de la investigación. La jueza ha rechazado imputar a cargos del Gobierno central y ha descartado analizar posibles responsabilidades penales por la no ejecución de obras en barrancos que, según distintos estudios, podrían haber mitigado los efectos de la riada. Tampoco ha incluido en la causa la gestión de la emergencia en los días posteriores.
En su lugar, la instrucción se ha centrado en la demora en el envío del sistema de alerta ES-Alert a la población, atribuyendo los homicidios de las 230 víctimas a la presunta negligencia de dos altos cargos de la Consellería de Emergencias.
Las asociaciones consideran que esta delimitación del caso responde a un «pacto político» que podría derivar en la impunidad de distintos niveles de responsabilidad institucional. En su comunicado señalan al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, así como a la Confederación Hidrográfica del Júcar, administraciones municipales, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo central.
Además, denuncian «irregularidades y delitos» por parte de la jueza instructora, una acusación que ha derivado en la presentación de dos querellas por presunta prevaricación y en varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto diligencias.
La dana dejó, según recuerdan, más de 500.000 personas afectadas, muchas de ellas sin acceso a servicios básicos durante semanas, en una de las mayores catástrofes recientes en España.
Ante esta situación, ambas organizaciones han convocado una manifestación el próximo 29 de marzo a las 12:00 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El objetivo es «exigir verdad y justicia» y reclamar que se investiguen «todos los errores y maldades que provocaron la catástrofe».
Durante la concentración intervendrán más de diez familias de víctimas junto a sus representantes legales, que expondrán su versión de los hechos. La protesta se articula bajo el lema «¡Que caigan todos!«, en referencia a su exigencia de depuración de responsabilidades políticas y judiciales.
