La persecución del Gobierno de Pedro Sánchez contra VOX a través del Tribunal de Cuentas ha fracasado.
Según la sentencia conocida este miércoles, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo promovido por la formación liderada por Santiago Abascal contra la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas el 4 de julio del año pasado en relación con el expediente sancionadas seguido contra VOX.
El Supremo, en su fallo, considera que las donaciones recibidas por VOX no pueden calificarse como «finalistas prohibidas» según la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP), ya que no se ha demostrado que los donantes impusieran una finalidad específica que limitara la autonomía del partido. La sentencia subraya que el Tribunal de Cuentas incurrió en un error de derecho al aplicar el concepto de donación finalista, que carece de una definición clara en la normativa, vulnerando el principio de legalidad sancionadora y el de tipicidad.
VOX argumentó que las aportaciones se realizaron bajo la aceptación expresa de los donantes de que los fondos se destinarían a las actividades propias del partido, sin que estos impusieran condiciones específicas. El Tribunal Supremo ha respaldado esta tesis, destacando que la interpretación del Tribunal de Cuentas restringiría indebidamente la libertad política de los partidos al limitar su capacidad para captar fondos para actividades legítimas.
La resolución del Supremo, que contó con el respaldo unánime de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, también responde a las críticas de VOX sobre una posible persecución política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Tribunal de Cuentas. La sentencia anula ambas sanciones y refuerza la autonomía de los partidos políticos en la gestión de sus recursos, siempre que se ajusten a la legalidad.
VOX ha celebrado el fallo como una victoria frente a lo que califica como un intento de «criminalización» por parte del Ejecutivo, mientras que el Tribunal de Cuentas, representado por la Abogacía del Estado, no ha logrado justificar la proporcionalidad y legalidad de las sanciones impuestas. Este pronunciamiento podría sentar un precedente relevante en la interpretación de la financiación de partidos políticos en España.
