Marcos Gómez Sancho, uno de los mayores expertos españoles cuidados paliativos, recuerda al PSOE que «la defensa de la vida está enraizada en la profesión médica» y tilda de «irresponsabilidad política» su «urgencia» por legalizar la eutanasia.
Uno de los mayores expertos españoles en cuidados paliativos, Marcos Gómez Sancho, ha tildado de «irresponsabilidad política» la «urgencia» del PSOE por legalizar la eutanasia y ha reiterado que «lo prioritario es atender a los 75.000 enfermos que están pasando por un sufrimiento intenso que sería evitable con una atención especializada».
Gómez Sancho recuerda que «matar está prohibido en el código deontológico» y que «la defensa de la vida está enraizada en la profesión médica». «Un médico gestionando la muerte por orden del Estado es una vergüenza, como ocurrió en la Alemania nazi o cuando hubo doctores aplicando la inyección letal en Estados Unidos», dice, antes de asegurar que es «escandaloso» que cada día mueran cien enfermos esperando ayudas a la dependencia y que si esta situación no se resuelve antes, «los más frágiles e indefensos se sentirán coaccionados».
En una entrevista concedida a ABC, se ha mostrado preocupado porque «se piense que es una ley avanzada y progresista», dado que «matar a los que sufren nunca puede ser progresista -«progresista es cuidarlos», precisa- y porque «no tenga una partida presupuestaria asociada». «Lo veo como una amenaza, más aún cuando hay una inquietud generalizada para pagar las pensiones y mantener la Sanidad», añade.
Asimismo, lamenta que en nuestro país se muera aún con dolor «y con otros síntomas insoportables como asfixia o vómitos incontrolables: «en esos casos lo único que se puede hacer es disminuir la consciencia con una sedación paliativa (…) hay fórmulas para aliviarlo, el problema es que esta atención no llega al 50 por ciento de las personas que los necesitan».
España y la oposición de PP y UPN
La Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial de los Cuidados Paliativos (CMAP) publicó en 2014 un informe en el que señalaba que solo 20 países en todo el mundo tenían cuidados paliativos bien integrados en sus sistemas de atención de la salud. España no forma parte de esta lista y, según los expertos, alrededor de la mitad de los pacientes que requieren cuidados paliativos no acceden a los mismos porque «existen muy pocos equipos específicos y mal distribuidos por las Comunidades Autónomas».
De existir una «buena atención de equipos de profesionales» de cuidados paliativos, con una implicación de la comunidad y una red de voluntariado las peticiones de eutanasia disminuirían de forma drástica, señalan.
El miedo a que la eutanasia gane terreno precisamente a esta atención especializada fue uno de los argumentos del PP para oponerse el pasado martes en el Congreso de los Diputados a la legalización.
Solo UPN y el PP se mostraron contrarios a una ley que cuenta con el respaldo de toda la izquierda, Ciudadanos y los partidos nacionalistas y separatistas. La diputada Pilar Cortés (PP) señaló que «hablar de eutanasia es hablar de fracaso profesional ante la enfermedad y la muerte». «Es un fracaso que no seamos capaces de ofrecer otra salida que no sea la de morir», lamentó.
En esta línea, reiteró que «hablar de eutanasia es hablar de fracaso profesional ante la enfermedad y la muerte» y que, a pesar de que la eutanasia será para «casos extremos», con el tiempo se corre el «riesgo tremendo» de que los casos se generalicen.
Desde UPN, Carlos Salvador dijo que su formación «defiende la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su final natural». «No hay vidas humanas que, dependiendo de su evolución, sean descartables», aseveró para referirse al hecho de que esta ley contempla facilitar la muerte a personas con enfermedades incurables o terminales. «El derecho a la vida conlleva el deber de ayudar a vivir, no de ayudar a morir, no de eliminar una vida», añadió.
Salvador, que recordó que los cuidados paliativos suponen una «alternativa eficaz a la eutanasia», aseguró que es falso que exista un clamor social para legalizar la muerte institucionalizada. «Si vamos a ayudar a morir a quien lo desee, ¿por qué limitarlo al hecho de estar muy enfermo? ¿Por qué poner obstáculos a la libertad?», se preguntó.