VOX ha ampliado la querella contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a otros cinco magistrados del Pleno por los delitos de prevaricación y cohecho. La denuncia, registrada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se amplía respecto a la acción inicial interpuesta el pasado 25 de junio, y señala directamente a los jueces que respaldaron con su voto la reciente sentencia que valida la ley de amnistía promovida por el Gobierno.
La formación que lidera Santiago Abascal dirige ahora su acusación no sólo contra Conde-Pumpido, sino también contra los magistrados Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Laura Díez y María Luisa Segoviano, todos ellos integrantes del sector izquierdista del alto tribunal. VOX sostiene que los seis togados, al avalar la constitucionalidad del perdón penal al separatismo catalán, habrían incurrido en una grave infracción jurídica con posibles consecuencias penales.
Según la nueva documentación presentada ante el Supremo, la decisión del Constitucional de declarar conforme a la Carta Magna la Ley 1/2024 de Amnistía implicaría la consumación de los delitos denunciados, ya que —a juicio del partido— los jueces actuaron con pleno conocimiento de que la norma vulneraba el ordenamiento jurídico y los principios que rigen el papel del tribunal.
El texto remitido al Alto Tribunal insiste en que la resolución del Constitucional se dictó tras un procedimiento viciado. VOX asegura que el presidente del órgano no sólo intervino en la tramitación y reparto del recurso de inconstitucionalidad, sino que incluso habría mantenido contacto directo con los autores políticos de la ley, participando probablemente en su redacción.
Esta supuesta connivencia entre el magistrado-presidente y los promotores de la norma es, según los querellantes, un hecho «de extraordinaria relevancia penal» que justifica la ampliación de la causa. Además, recuerdan que la querella original incluía medidas cautelares que han quedado desfasadas tras la publicación de la sentencia definitiva, lo que refuerza la necesidad de reorientar la acción judicial.
