Empadronamiento e inmigración ilegal se han convertido temas inseparables, generando controversias constantes con los ayuntamientos en el centro del debate. Las críticas oscilan entre acusaciones de cumplimiento excesivo de la ley y señalamientos de laxitud que incluso llegan al fraude.
La presión migratoria en España mantiene viva esta polémica, particularmente en Cataluña, donde la proporción de población extranjera es notablemente alta. Esto influye en todos los aspectos sociopolíticos de la región, desde la sanidad y la educación hasta la congestión de los juzgados y carreteras, dejando claro que la demografía impacta en todas las áreas. Sin olvidar los problemas relacionados con el aumento de la inseguridad.
Recientemente, las controversias sobre los empadronamientos en localidades catalanas han seguido patrones similares. Ya sea por denuncias de grupos políticos o del propio ayuntamiento, se descubren dinámicas fraudulentas, como el empadronamiento de un número excesivo de personas en una sola vivienda, o incluso en lugares que no son residencias.
Un ejemplo es el Ayuntamiento de Barcelona (PSC), que advirtió a las ONG’s de no utilizar sus sedes, que no son viviendas, para empadronar inmigrantes. Esta postura contrasta con la revelación de VOX sobre el empadronamiento de casi 6.000 personas en un edificio público del distrito de Nou Barris, desatando incredulidad y enfado, especialmente entre los miembros de la formación conservadora, que prometió investigar si esto es una práctica común.
Aunque quizá aún no es habitual, sí parece que se trata de una práctica extendida. VOX señaló que el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés tiene empadronadas a 493 personas en la sede de los servicios sociales del ayuntamiento, lo que, según el partido, contribuye al colapso y tensión de estos servicios. El empadronamiento es un requisito esencial para acceder a servicios públicos, y los de Abascal sostienen que muchos de estos empadronados son a extranjeros en situación irregular.
VOX también criticó que el empadronamiento, que requiere una vinculación efectiva con el municipio o una verificación por parte de un funcionario municipal, se esté utilizando para regularizar a inmigrantes irregulares bajo una apariencia de legalidad. Según ellos, el ayuntamiento evita informar sobre las nacionalidades de los empadronados, pero aseguran que muchos son extranjeros en situación irregular, lo que agrava la situación de los servicios sociales.
