VOX ha aplicado en Valencia la prioridad nacional por primera vez en una línea de ayudas a emprendedores dotada con casi 600.000 euros. La convocatoria municipal, publicada este lunes en el tablón de edictos del Ayuntamiento, incorpora una condición nueva para poder acceder a la subvención: acreditar arraigo en la ciudad.
En concreto, las bases exigen que la persona física solicitante o, en el caso de una empresa, al menos una de las personas administradoras de la entidad, esté empadronada en Valencia en el momento de presentar la solicitud y cuente con una antigüedad mínima de cinco años en el padrón, computados desde el 1 de enero de 2016.
La medida supone la primera plasmación práctica en Valencia del compromiso defendido por el partido de Santiago Abascal de priorizar a los españoles en el acceso a determinadas ayudas públicas. Ante las dudas legales que podría generar una preferencia explícita por nacimiento, VOX ha optado por utilizar la fórmula del empadronamiento prolongado como vía para introducir ese criterio.
El portavoz municipal de VOX en Valencia, José Gosálbez, ya había anunciado el pasado 30 de abril que su formación aplicaría la prioridad nacional en todas las ayudas dependientes de las concejalías que controla dentro del gobierno local. La convocatoria publicada esta semana supone el primer paso concreto en esa dirección.
VOX forma parte del Ejecutivo municipal junto al PP y cuenta con cuatro áreas bajo su responsabilidad: Empleo, Emprendimiento y Formación; Patrimonio; Responsabilidad Patrimonial; y Parques, Jardines y Espacios Naturales. La mayor parte de las subvenciones gestionadas por el partido se concentran precisamente en el área de Emprendimiento, dirigida por el propio Gosálbez.
Ese departamento maneja alrededor de cinco millones de euros anuales destinados a distintas líneas de ayudas. Entre ellas figuran subvenciones para fomentar el emprendimiento en sectores como la huerta valenciana, la ganadería, los artistas falleros, la contratación de jóvenes y mayores o la conciliación de la vida laboral y familiar.
La línea ahora convocada tiene un presupuesto total de 598.925 euros. Cada beneficiario podrá recibir un máximo de 2.500 euros, siempre que cumpla las condiciones establecidas. Las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el crédito disponible.
Además del requisito de arraigo, las bases establecen que el inicio de la actividad empresarial debe haberse producido entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de octubre de 2025. También se exige que, si la actividad se desarrolla en un local concreto, al menos uno de ellos esté situado dentro del término municipal de Valencia.
La única excepción territorial prevista afecta al sector agrícola vinculado al ámbito de la Albufera. En ese caso, las bases contemplan una particularidad por las características propias de esa actividad y de su relación con el entorno productivo valenciano.
La convocatoria está dirigida a autónomos y pequeñas empresas. Para poder optar a la subvención, la plantilla media de trabajadores dados de alta durante los 12 meses anteriores a la solicitud debe ser inferior a diez empleados.
También quedan fuera quienes hayan recibido ayudas de minimis por encima de los límites establecidos. En términos generales, no podrán beneficiarse los solicitantes que hayan superado los 300.000 euros en los tres años previos. Ese tope baja a 50.000 euros para el sector agrícola y a 40.000 euros en el caso de la pesca.
La aplicación de esta condición abre un nuevo frente dentro del gobierno municipal de Valencia. El PP ha defendido hasta ahora que el arraigo puede utilizarse como elemento de baremación, mientras que VOX pretende convertirlo en una herramienta efectiva para ordenar el acceso a determinadas ayudas.
Para el ejercicio actual aún quedan por convocar subvenciones por valor aproximado de un millón de euros dentro de las áreas gestionadas por VOX. La incógnita ahora es si las próximas líneas repetirán este esquema y hasta qué punto el Ayuntamiento podrá mantenerlo sin que surjan recursos o advertencias jurídicas sobre su encaje legal.
La prioridad nacional deja así de ser únicamente una consigna política y pasa a convertirse en un criterio incorporado a una convocatoria municipal concreta. Su aplicación en Valencia servirá como primer test para comprobar si la fórmula del arraigo puede sostenerse como requisito en la concesión de ayudas públicas o si acaba chocando con los límites legales que ya habían generado dudas desde su planteamiento inicial.
