El grupo parlamentario de VOX en la Comunidad de Madrid ha considerado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría cometido cinco delitos en su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
Así figura en su propuesta de conclusiones para el dictamen de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. En el escrito, la formación aprecia que Gómez pudo incurrir en tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.
Sostiene el partido que podría haber un trato de favor a determinadas empresas que accedieron a fondos, espacios académicos y visibilidad institucional «sin concurrencia pública ni auditoría». Entiende que el rol de Begoña Gómez fue «clave como intermediaria y promotora de estas relaciones», beneficiándose de su «influencia política» como mujer de Sánchez.
Considera, además, que la UCM actuó con «falta de diligencia y control» y que el modelo de cátedras extraordinarias se ha usado para vehicular intereses privados «sin mecanismos de transparencia ni fiscalización».
Tras el registro de estas conclusiones, la diputada de VOX Ana Cuartero ha explicado que es «imprescindible» que los resultados de este dictamen sean trasladados tanto al Juzgado número 41, al juez Peinado, y a la Fiscalía. «Consideramos que en la documentación y los testimonios aportados en esta comisión de investigación hay claros indicios de todos los delitos por lo que está siendo investigada», ha agregado.
En este sentido, ha manifestado que la comisión ha estado sometida por parte del Partido Popular a unas «restricciones» que han impedido que tres de cada cuatro comparecientes que VOX ha querido citar hayan ido a declarar. «Se han quedado fuera los CEO de Indra, Google, Telefónica, el propio Barrabés y aquellas personas que dentro de la Comunidad de Madrid, de los sucesivos gobiernos presididos de Ayuso, tenían responsabilidades políticas». «El propio Partido Popular ha reflejado una falta de control sobre la universidad pública, que es competencia de los consejeros», ha concluido.
