El grupo parlamentario VOX en el Congreso ha registrado una proposición no de ley relativa a garantizar la expulsión de los extranjeros que cometan delitos para su discusión en el Pleno. La formación sostiene que resulta necesario que la legislación actual en materia de extranjería «se oriente exclusivamente a garantizar la protección de la integridad física, las libertades y los derechos de los españoles».
Sin embargo, tal y como reflejan los datos, esto no está ocurriendo: «Los balances de criminalidad reflejan un aumento, entre otros, de un 76% en los delitos de homicidio en grado de tentativa, y un 286% en las agresiones sexuales con penetración entre 2018 y 2025».
Este aumento de la criminalidad resulta todavía más llamativo si se tienen en cuenta las condenas a extranjeros: «De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se impusieron sobre los extranjeros un 30,93% de las penas de prisión pese a representar en ese momento un 14,06% de la población».
La formación recoge el gasto total en reclusos extranjeros que los contribuyentes españoles sufragan a través de impuestos: «Los extranjeros representaron un 33,45% de la población reclusa en España. La manutención de criminales extranjeros en nuestras cárceles ascendió a un gasto aproximado de más de 770 millones de euros en 2025. Especialmente relevante resulta el dato de proporción de reclusos extranjeros en Cataluña, región en la que el 52,85% de la población reclusa es de origen extranjero», ha agregado.
«Los extranjeros africanos representaron en 2024 menos de un 3% de la población, pero fueron responsables de casi un 13% de las condenas, mientras que los nacionales de países americanos, alrededor de un 5% de la población, acumularon el 23% de las condenas graves, superiores a cinco años», continúa el partido.
Frente a ello, VOX señala que la única respuesta posible ante la delincuencia importada pasa por «la expulsión de los extranjeros responsables de conductas delictivas y, en caso de haberla adquirido, la privación de la nacionalidad española».
Además, denuncia la inacción del Gobierno en materia de expulsión de delincuentes extranjeros: «En 2024 se contabilizaron 1.338 condenas de expulsión sobre 22.977 casos proyectados en los que los delincuentes extranjeros habrían sido susceptibles de ser expulsados, menos de un 6%».
En esta línea, carga contra la reforma del Código Penal de 2015 ya que «incorporó una redacción del artículo 89 del Código Penal, aún vigente, que supedita la expulsión de los delincuentes extranjeros a un concepto jurídico indeterminado como es el ‘arraigo’, sin importar la gravedad del delito ni establecer parámetros objetivos».
Por todo ello, insta al Gobierno a reformar el artículo 89 del Código Penal para asegurar que cualquier extranjero condenado por un delito sea expulsado del territorio nacional; reformar el Código Penal para retirar la nacionalidad española a los extranjeros nacionalizados que cometan delitos; y garantizar que todas las órdenes de expulsión de extranjeros del territorio nacional que se emitan sean efectivamente cumplidas para garantizar la seguridad de los españoles y la integridad de las fronteras, promoviendo además con esa finalidad las necesarias reformas en el ordenamiento jurídico.
También a publicar, a través del Ministerio del Interior, el país de origen de los infractores en los balances de criminalidad, a fin de garantizar la transparencia y que los españoles puedan conocer las consecuencias reales de la inmigración masiva; y celebrar convenios con países extranjeros e impulsar modificaciones normativas en el seno de la Unión Europea, con la finalidad de que las personas que sean nacionales de otros Estados y sean condenadas por haber perpetrado delitos en España, cumplan las penas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen, con la incorporación de mecanismos de verificación periódica de que dicho cumplimiento es efectivo.