El Gobierno de Aragón ha decidido suprimir las «pagas semanales» a menores extranjeros no acompañados (menas) que permanecen bajo la tutela de la comunidad autónoma. La medida ha sido impulsada por la Consejería de Desregularización y Justicia, dirigida por el vicepresidente Alejandro Nolasco (VOX), que sostiene que esos pagos carecían de una regulación específica que los respaldara.
Según ha explicado el Ejecutivo aragonés, las revisiones internas que está llevando a cabo el departamento cifran en alrededor de 180.000 euros anuales el coste de estas asignaciones económicas. La cantidad, indican desde la consejería, se calcula en función del número de menores extranjeros no acompañados que actualmente están acogidos en Aragón.
De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno autonómico, cada uno de estos menores recibía una cantidad fija de 17 euros semanales. Nolasco ha defendido la eliminación de estas entregas económicas al considerar que esos recursos pueden destinarse a otras necesidades asistenciales. En este sentido, ha señalado que los 180.000 euros que hasta ahora se empleaban en estas asignaciones equivaldrían al coste de crear hasta siete nuevas plazas residenciales para personas mayores.
La supresión de estas ayudas económicas se enmarca dentro de la política que Vox viene defendiendo en materia de inmigración y de gestión de los centros de menores tutelados en Aragón. Durante los últimos meses, el vicepresidente autonómico ha promovido distintas iniciativas dirigidas a modificar el funcionamiento de estos recursos de acogida.
Entre esas actuaciones figura el anuncio de reforzar la seguridad mediante la contratación de empresas privadas para vigilar los centros de menores, así como la presentación de varias denuncias ante la Fiscalía por presuntas agresiones sufridas por trabajadoras sociales, hechos que, según el dirigente autonómico, habrían sido cometidos por algunos de los residentes.
Con esta nueva decisión, el Ejecutivo aragonés pone fin a un sistema de asignaciones económicas periódicas que venía aplicándose a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad y que, según la Consejería de Desregularización y Justicia, no disponía de un marco normativo específico que justificara su mantenimiento.
