VOX ha presentado ante el Tribunal de Contratación Pública de Madrid un recurso contra el nuevo contrato de 24 millones de euros que la Comunidad de Madrid quiere firmar para acoger menas durante los próximos cuatro años. Desde VOX denuncian que este contrato está diseñado para beneficiar a las mismas entidades que ya gestionan los centros de inmigrantes ilegales, ya que el pliego da prioridad a quienes ya están prestando el servicio. Por tanto, para el Grupo Parlamentario, el concurso público se convierte en un simple trámite para seguir adjudicando «a dedo».

«Llevamos años estudiando estos contratos y denunciando las irregularidades que la Comunidad de Madrid ha cometido desde el primer aluvión de MENAS en el año 2018, y no podemos permitir que se repita la fórmula del contrato de emergencia camuflada bajo apariencia de legalidad«, ha denunciado Ana Cuartero, portavoz de VOX en las Comisiones de Presupuestos y Hacienda y Vigilancia de las Contrataciones.

El partido que lidera Isabel Pérez Moñino en la Asamblea de Madrid lleva años revisando y denunciando irregularidades en contratos de menas. Ya en 2023, un informe de la Cámara de Cuentas confirmó, a petición de VOX, que no se puede usar la «emergencia migratoria» como excusa para saltarse los procedimientos legales. Por eso, el Grupo Parlamentario ya ha pedido la revisión de varios contratos y ha llevado a los tribunales uno de ellos —por valor de más de un millón de euros— con el objetivo de que «los tribunales se pronuncien y declaren su nulidad» y así evitar que se vuelva a utilizar esta fórmula para al adjudicación directa del servicio de acogimiento de ilegales. «Con este último recurso especial de contratación pretendemos evitar que esas adjudicaciones a dedo se perpetúen bajo una falsa apariencia de legalidad», ha asegurado Cuartero.

Por su parte, Marta Castro, coordinadora jurídica de VOX, ha señalado que el partido está dispuesto a «continuar la batalla con todas las armas parlamentarias, administrativas y judiciales a su alcance, para impedir que la Comunidad de Madrid reparta el mercado con las ONGs que colaboran con las mafias de tráfico de seres humanos». Además, ha asegurado que, bajo todos estos contratos que permiten la adjudicación «a dedo» de las plazas a las ONGs, «se esconde un reparto del negocio de la inmigración ilegal que VOX pretende erradicar en toda España».