VOX llevará la próxima semana a votación en el Congreso de los Diputados una moción con la que exige al Ejecutivo medidas drásticas para combatir la inmigración ilegal. Entre sus propuestas más destacadas figuran la expulsión inmediata de todos los extranjeros que han entrado sin autorización en España, la repatriación de los menores extranjeros no acompañados (menas) a sus países de origen y la incautación de los barcos de la ONG Open Arms, que favorecen el tráfico ilegal de personas.
El texto, registrado como consecuencia de la interpelación urgente lanzada días atrás por la diputada Rocío de Meer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclama «poner fin a las políticas de fronteras abiertas y al efecto llamada» que, según la formación, estarían impulsando la llegada de inmigrantes. En su argumentación, VOX insiste en que España «está siendo víctima de una invasión migratoria» y responsabiliza al Gobierno de alentarla con su permisividad.
Además de pedir la retirada de ayudas públicas a las organizaciones que colaboren con la inmigración ilegal. VOX exige un refuerzo de los controles fronterizos y una mayor dotación de medios tanto para la Policía y la Guardia Civil como para las Fuerzas Armadas. También plantea la necesidad de localizar y cerrar las rutas utilizadas por las mafias, así como intensificar la persecución de las redes criminales y de cualquier entidad que coopere con ellas.
Otro de los puntos de la moción se centra en la política exterior: Abascal y los suyos solicitan la firma de acuerdos bilaterales con países emisores de inmigrantes, especialmente en África, con el objetivo de frenar nuevas llegadas y facilitar devoluciones inmediatas. En paralelo, plantean reformar la normativa española para endurecer el marco legal: la Ley de Extranjería, con el fin de evitar regularizaciones masivas, y la Ley de Asilo, para impedir lo que califican como «fraudes» en las solicitudes de protección internacional.
En definitiva, la iniciativa de VOX dibuja una batería de medidas con las que pretende modificar de raíz la política migratoria del Gobierno, limitando las vías de entrada, aumentando la presión sobre quienes llegan sin papeles y restringiendo la acción de ONG y colectivos que operan en este ámbito.
