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EL MISMO DÍA EN EL QUE EMPIEZA A DEBATIRSE LA LEY DE AMNISTÍA

VOX lleva este martes al Congreso una iniciativa para impedir al Gobierno pactar con prófugos de la Justicia

Pepa Millán, portavoz de VOX, en el Congreso. Europa Press.
Pepa Millán, portavoz de VOX, en el Congreso. Europa Press.

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una iniciativa de VOX con la que el partido de Santiago Abascal pretende que la Cámara vete cualquier posibilidad de que el Gobierno alcance pactos con prófugos de la Justicia como el expresidente catalán Carles Puigdemont. Todo ello en el día en que la sesión plenaria arrancará con el debate de toma en consideración de la proposición de ley de amnistía que los socialistas pactaron con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Pero en el turno de las proposiciones no de ley volverá a hablarse de este asunto porque VOX ha decidido que la primera de estas iniciativas que somete a discusión en el Pleno esta legislatura verse, precisamente, sobre la necesidad de cerrar el paso a cualquier negociación con condenados o huidos de la Justicia.

En concreto, la iniciativa de VOX insta al Gobierno a tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir que el Gobierno «o cualquier autoridad o funcionario» pueda colaborar, negociar o pactar «con prófugos o condenados por la Justicia» con el fin de «promover la impunidad o ventajas penitenciarias de estos a cambio de ventajas políticas o electorales».

También demanda que se impulse una regulación del indulto «que proscriba su aplicación para los casos de delitos cometidos por miembros del Gobierno de la Nación, autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos o en contra del criterio del Tribunal sentenciador o de la víctima».

Otra de las peticiones de VOX es que establezcan las medidas necesarias para «impedir que las actuaciones relacionadas con negociaciones o acuerdos de índole política menoscaben la unidad de España, su prestigio, y la solvencia de sus instituciones, con especial atención a jueces y tribunales, así como su imagen internacional».

Por último, los de Santiago Abascal emplazan al Gobierno a «garantizar que no se utilizarán bajo ningún pretexto fondos ni medios públicos para facilitar la negociación, contacto o pacto político con prófugos o condenados de la Justicia».

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