VOX ha aprovechado la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley reguladora del derecho de asociación auspiciada por el PSOE para poder disolver asociaciones que ensalcen el franquismo para someter a votación en el Pleno de la Cámara la derogación de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y de todas las medidas derivadas de la misma que ya se han puesto en marcha.
En concreto, la formación que lidera Santiago Abascal ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE que el Pleno aceptó tramitar hace unas semanas.
En el texto, además de la derogación entera de la norma que entró en vigor en octubre de 2022, desgranan las medidas que se han ido adoptando en virtud de la misma para pedir expresamente que sean revertidas.
Así, plantean suprimir la figura del fiscal de sala en materia de Derechos Humanos y memoria democrática, extinguir los procedimientos sancionadores incoados en aplicación de la ley y reparar a quienes hayan sido objeto de multas cuando la sanción hubiera «implicado un atentado contra alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas» recogidos en la Constitución.
Además, su ley alternativa recoge la prohibición de «cualquier actividad educativa que incluya contenidos definidos como de ‘memoria democrática'» en la ley, pero también de toda aquella que «contenga elementos de utilización de la Historia contemporánea de España con fines ideológicos, contra el derecho constitucional de los padres a que sus hijos no reciban formación en contra de sus propias convicciones».
En paralelo buscan prohibir la utilización en las clases de libros de texto y materiales curriculares ideologizados en esta materia, que se eliminen los que ya se hayan editado, y que el profesorado no pueda recibir formación sobre memoria democrática.
También apuestan por eliminar el Centro Documental de Memoria Histórica y por declarar nulas y sin efecto «las revisiones, retiradas y supresiones de distinciones, condecoraciones y títulos» realizadas en aplicación de la ley, tanto de los de carácter nobiliario como de las condecoraciones policiales.
La norma vigente contempla la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas que fueron concedidos por el dictador Francisco Franco o que supongan la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura y propone expresamente la supresión de 33 títulos nobiliarios como el de duque de Franco, Marqués de Queipo de Llano o el de Conde de Fenosa.
