Desde mañana, los coches podrán entrar y salir de Málaga capital sin temor a recibir multas por las restricciones medioambientales. El Ayuntamiento ha anunciado la suspensión temporal de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una decisión que llega después de que VOX consiguiera tumbar judicialmente la regulación y exigiera en reiteradas ocasiones al Gobierno municipal del Partido Popular que dejara de castigar económicamente a los conductores.
La medida supone un cambio de rumbo en la política de movilidad de la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a VOX en su recurso contra la ordenanza municipal al considerar discriminatorio el sistema que diferenciaba entre vehículos domiciliados en Málaga y aquellos registrados fuera del municipio. La sentencia dejó sin efecto los artículos que regulaban estas restricciones al tráfico.
La formación de Santiago Abascal llevaba meses reclamando la eliminación del régimen sancionador. Ya en junio, su portavoz municipal, Antonio Alcázar, instó al Ejecutivo local a dejar de imponer multas tras conocerse el fallo judicial. Posteriormente, VOX presentó una iniciativa para paralizar las sanciones, aunque el Pleno del Ayuntamiento rechazó inicialmente su propuesta. Ahora, el Consistorio ha terminado anunciando la suspensión que el partido venía exigiendo.
La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha confirmado la decisión durante una intervención en COPE Málaga. La responsable municipal ha explicado que el Ayuntamiento procederá a revisar la ordenanza para adecuarla a las exigencias legales. También ha defendido que el Gobierno local actuó con la intención de cumplir la normativa vigente y ha insistido en que la resolución judicial obliga a introducir modificaciones en el sistema.
Hernández ha justificado la implantación de estas restricciones por las obligaciones legales que afectan a los municipios de más de 50.000 habitantes y por las consecuencias económicas que, según ha señalado, habría tenido renunciar a ellas. En concreto, ha advertido de que Málaga podía perder las ayudas estatales destinadas al transporte público. La concejala ha recordado que la ciudad prevé superar los 70 millones de desplazamientos en autobús al cierre del ejercicio, frente a los 32 millones registrados hace cinco años.
La suspensión de las multas supone así una victoria judicial para VOX, cuyo recurso propició la anulación de la regulación municipal y cuyas posteriores reclamaciones reclamaban precisamente dejar de sancionar a los conductores. El Ayuntamiento deberá elaborar ahora una nueva normativa que respete los criterios establecidos por la Justicia, mientras quedan paralizadas las penalizaciones vinculadas a la ordenanza anulada.
