El grupo parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y la del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, dentro del proceso de tramitación de la Proposición de Ley para la regularización de las tierras de los agricultores de la Corona Norte de Huelva.
Esta iniciativa, más conocida como Ley Doñana, aunque la explotación agrícola más cercana se encuentra a 40 kilómetros del preparque, se aprobó en el Parlamento andaluz el pasado 12 de abril. Como ha indicado el portavoz parlamentario de esta formación, Manuel Gavira, la petición de comparecencia de Sánchez y Ribera responde a la necesidad de que ambos «puedan escuchar de voz de los representantes de los andaluces, ya que no nos quieren recibir ni escuchar, y conocer la realidad de esa Proposición de Ley». Para Gavira «es buena para los agricultores de esta zona de Andalucía». También se solicitará la presencia de todas las organizaciones agrarias que están a favor de la regularización de las tierras y de la plataforma que agrupa a los productores de frutos rojos.
La precisión que ahora hacen PP y VOX es apuntar que «estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente».
La proposición de ley invoca la previsión contenida en la Ley de octubre de 2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para «equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana». En la exposición de motivos del texto se señala que, «en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas».
La novedad de esta Proposición de Ley conjunta de PP y VOX en comparación con el texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como Zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (Peocfd), aprobado en diciembre de 2014.
La iniciativa cuenta con el rechazo del Gobierno central, que ha instado a la Junta a su retirada por el daño, que, a su juicio, supondría su aplicación para el parque de Doñana, y también es cuestionada por la Comisión Europea. El pasado lunes, 24 de abril, se reunió en Bruselas el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para explicarle el contenido de esta Proposición de Ley.
Tras el encuentro, desde la Comisión Europea se advirtió de que la referida iniciativa de PP-A y Vox puede «deteriorar» el humedal de Doñana, ya que «parece ir en dirección contraria» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo, si bien desde el Gobierno andaluz aseguraron haber salido «satisfechos» con la reunión, que «era necesaria para llevar a Bruselas la visión de la Junta de Andalucía», y que creen que «contribuirá a apaciguar la tensión», según añadieron fuentes del Ejecutivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Así, desde la Junta explicaron que el consejero entregó un documento al comisario europeo explicando no sólo la Proposición de Ley, sino las acciones que el Gobierno de Andalucía «está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana», y Virginijus Sinkevicius «se ha comprometido a estudiar ese documento».
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado a la Junta de Andalucía que, si no retira esta Proposición de Ley en el Parlamento andaluz, acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.
Precisamente Teresa Ribera fue una de las personas cuya comparecencia se solicitó el año pasado ante la comisión de Fomento del Parlamento de la anterior legislatura durante la tramitación de la anterior iniciativa sobre esta misma cuestión, que quedó interrumpida con la convocatoria, en abril de 2022, de las elecciones autonómicas en Andalucía que se acabaron celebrando el 19 de junio. Sin embargo, Teresa Ribera rehusó acudir a esa cita en base a «dictámenes del Consejo de Estado, que establecen que ministros no están obligados a comparecer ante asambleas autonómicas», según trasladó en aquel momento (marzo de 2022) su departamento a la presidencia del Parlamento andaluz.
