Después de casi diez años de espera, las tierras de los pequeños y medianos agricultores de la Corona Norte de Huelva van a ser reconocidas. El Pleno del Parlamento de Andalucía ha acordado continuar con la tramitación de la Proposición de Ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva. La iniciativa ha superado el debate de toma en consideración gracias a los 70 votos de VOX y PP, promotores conjuntos del texto, mientras que toda la oposición de izquierdas, PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, ha votado en contra de esa tramitación (35 votos).
La Proposición de Ley supone recuperar un texto que presentaron en enero de 2022, en la pasada legislatura, encaminado a propiciar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental. La precisión que ahora hacen ambos partidos es apuntar que «estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente». No se trata en ningún caso de detraer agua del acuífero de Doñana, ni de amnistiar a los pequeños agricultores que han hecho uso de pozos ilegales, sino de reconocer unas tierras que se quedaron fuera del plan por una orto fotografía aérea de 2004 donde no se les reconocía que fueran tierras de cultivo. Esto se debió a que muchas de ellas se encontraban en barbecho.
La Proposición de Ley invoca la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para «equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana». Esto será posible cuando el Gobierno central lleve a cabo unas obras hidráulicas pendientes por vía de urgencia desde 2018. En Huelva hay agua suficiente para la agricultura y el turismo, pero se encuentra en la parte norte de la sierra. La terminación de la presa de Alcolea es fundamental para no quedar desabastecidos tras nueve años de pertinaz sequía en Andalucía.
En la exposición de motivos del texto se señala que «en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas«.
La novedad de esta Proposición de Ley conjunta de VOX y PP en comparación con el texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como Zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en diciembre de 2014 con el Decreto 178/2014.
Ese Plan de 2014 incluye en esa zona A, la cual da cabida a los Espacios Naturales Protegidos, «los terrenos no grafiados como tales en la cartografía del Plan, que hayan transformado el uso forestal sin autorización de la Administración forestal competente».
El matiz que introducen es una excepción a ese precepto para «las superficies en las que se hubieren implantado cultivos forestales de turno corto, según lo previsto en la Ley Forestal de Andalucía».
Ambos grupos proponen modificar el Plan de Ordenación de 2014, sobre terrenos con un expediente sancionador por cambio de uso sin autorización de terreno forestal a agrícola, para precisar que «no se aplicará esta exclusión a aquellas superficies que tengan la consideración de agrícola, según la normativa vigente». Quieren cambiar el artículo que define como suelos agrícolas los que legalmente tienen derecho de agua para regadío como aquellos terrenos agrícolas que pudieran ser regularizados, «siempre y cuando cumplan los requisitos y no estén incursos en las circunstancias excluyentes» que el propio plan define.
Buscan modificar también la regulación de la Comunidad de Regantes para establecer que «para dicha constitución se requerirá estar incluidos en los suelos agrícolas regables» y a esto añaden como nuevo artículo que «los solicitantes deberán aportar documentación acreditativa de que su explotación cumple los requisitos para ser calificada como suelo agrícola regable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de este Plan Especial».
Proponen ambos grupos cambiar la Ley Forestal de Andalucía y el Reglamento Forestal, así como crear una Oficina Técnica de Seguimiento del Plan.
El parlamentario de VOX por la provincia de Huelva, Rafael Segovia, ha expresado su «enorme satisfacción por defender a mi tierra, a mi gente, de la mentira, de la traición de algunos políticos» para asegurar que «hay que ser malas personas para pedir que se cierren los pozos», mientras que ha abogado por defender al «otro protagonista, el humedal, de quienes quieren convertirlo en un museo». Segovia ha defendido que, con un 40% del espacio protegido en Andalucía, Huelva es la provincia que «menos agua detrae del Guadalquivir» y ha contrapuesto sus 13.000 hectáreas de regadíos frente a las 51.000 de Cádiz o las 158.000 de Sevilla. Para el representante onubense de la tercera fuerza política en Andalucía es «asombroso que haya partidos, instituciones y personas que presionen a la administración para que arruinen a los agricultores en vez de hacerlo para que haga llegar el agua superficial solucionando todo el problema de una manera efectiva y barata».
Así, el parlamentario del PP por Huelva Manuel Andrés González ha lamentado desde la tribuna de la Cámara andaluza que se ha hablado mucho de esta iniciativa «desde el más absoluto desconocimiento», y por ello ha pedido al PSOE y al Gobierno central que «no mientan y no tergiversen», y que opinen «con conocimiento de causa» sobre esta proposición de ley, al tiempo que ha considerado que «todos» los diputados andaluces coincidirán en pensar que el Plan de la Corona Norte de Doñana de 2014 «nació plenamente viciado».
También ha aseverado que esta iniciativa «nada tiene que ver con Doñana ni con el agua», sino que «exclusivamente» se centra en la «clasificación de tierras», y con ella «pretendemos salvaguardar, por encima de todo, el Parque Nacional de Doñana», haciendo «compatibles» sus valores ecológicos con la actividad de agricultores a los que se quiere permitir que se abastezcan de «aguas superficiales, no del acuífero» de Doñana, del que «no podrán coger ni una gota», según ha enfatizado el diputado del PP-A, que en esa línea ha subrayado además que esta ley «no pretende amnistiar a nadie».
El parlamentario socialista Mario Jiménez se ha lamentado de lo que ha descrito como «una inmensa farsa impulsada por el presidente de la Junta de Andalucía» y ha recriminado «la manipulación política de un presidente que se aprovecha de cientos de agricultores angustiados», para concluir que «a Moreno Bonilla le importa un comino la realidad de esas familias, solo quiere sus votos, aunque los termine de arruinar». «No hay peor político que para un problema complejo plantee soluciones fáciles», ha sostenido Jiménez, quien ha indicado que «ése es Moreno Bonilla», de quien ha afirmado que «se ha quitado la máscara y se ha erigido en el referente nacional del negacionismo ambiental». El PSOE que en la primera proposición se abstuvo ahora ha votado en contra y ha propuesto como alternativa que el Estado les compre las tierras para llevar a los productores de frutos rojos a otro sitio.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha afeado la ausencia en el debate del presidente de la Junta, Juanma Moreno, mientras que ha considerado que la Proposición de Ley, en referencia a PP y VOX, «les retrata como negacionistas de la ciencia e incendiarios de la política», mientras se ha preguntado «trasvase de dónde».
La anécdota del día la protagonizó la parlamentaria de Adelante Andalucía, Maribel Mora, al arrojar arena sobre el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el salón de plenos. El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, después de afear el gesto le espetó que «si lo que quiere es llamar la atención, cómprese un mono».
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, principal impulsor de esta reforma, ha señalado que era un día «muy importante», ya que esta iniciativa «viene a reparar el daño causado y a hacer justicia social con miles de familias de agricultores que se quedaron fuera por el mal diseño del plan de la Corona Norte». En rueda de prensa a las puertas del Parlamento andaluz, el portavoz de la plataforma, Julio Díaz, acompañado por el presidente de la misma, Romualdo Macías, ha asegurado que el plan de la Corona Norte es «positivo» para la sostenibilidad de Doñana, pero «hay que rehacerlo para que funcione bien y no le haga daño a las familias como se le está haciendo ahora». «Queremos que las familias recuperen sus tierras para poder cultivar, pero sólo cuando llegue el agua superficial del trasvase que tiene que hacer el Gobierno de España. Por lo tanto, no estamos hablando de ampliación de regadíos, sino que se reconozca el error histórico de dejar estas hectáreas fuera«, ha agregado.
La reacción del Gobierno de Pedro Sánchez a este paso dado por PP y VOX no se hizo esperar. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dicho que es una maniobra «de regate corto» y «puramente electoralista». Pero además ha añadido que confía en que la norma termine en un cajón o «en una papelera». El propio presidente del Gobierno ha acusado a los dos partidos proponentes de negar la evidencia científica y la posibilidad de que exista una emergencia climática y les ha lanzado un aviso: «Doñana no se toca».
