Vox ha presentado una proposición de ley para eliminar de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público el artículo que permite nombrar, como excepción, director general a personas ajenas a la administración, de tal modo que este cargo solo pueda ser desempeñado por funcionarios.
Con esta iniciativa, el partido de Santiago Abascal quiere acabar con el «enchufismo» en la política, después de que el Gobierno haya nombrado a 25 directores generales no funcionarios.
El artículo 66.2 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público señala que los nombramientos deben efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, «salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la dirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario».
Aunque Vox precisa que todos los gobiernos han hecho uso de esta excepcionalidad para «nombrar a dedo» a los directores generales «no profesionales», ha denunciado que «el culmen ha llegado con este Gobierno autodenominado ‘progresista y del cambio'».
«Esto ha dejado de convertirse en una excepción para convertirse en una opción», advierte Vox, que con su proposición pretende garantizar la «absoluta tecnificación y profesionalización» de los directores generales.
En su opinión, estos cargos pueden y deben ser elegidos entre personas de confianza política, siempre que sean funcionarios de carrera.
No obstante, Vox cree que esta modificación debe enmarcarse en un contexto de «necesaria modernización» y de reforma de la función pública, que incluya la aprobación de un Estatuto del Directivo Público, que separe de forma «clara y contundente» la selección y actuación de los órganos superiores de la Administración General del Estado.
