VOX ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno en Pamplona en el que solicita la suspensión del acto conocido como Ospa Eguna en Alsasua (Navarra), que está programado para el sábado 3 de septiembre, y cuyo objetivo es «mostrar rechazo a la Policía, a la Guardia Civil, a su presencia, y por lo tanto al cumplimiento encomendado por las normas del Estado: velar por la ley».
La Vicesecretaría Jurídica Nacional de VOX, bajo la dirección de Marta Castro, advierte de que este mensaje, además de rechazar la presencia de la Guardia civil y Policía, «difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad, y de forma absolutamente falsa propaga que son los causantes de una ‘represión a los trabajadores’ para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos».
Además, fundamenta Castro en su escrito que la finalidad de este acto es constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal (CP), y de un delito de odio, artículo 510 del C.P.
El acto, recuerda la formación que preside Santiago Abascal, debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas; las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Además, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores.
Además de VOX, también la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido su suspensión. Además de criticar la gran pasividad por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno de Navarra, quienes permiten este evento.
En un comunicado, la AUGC ha señalado que “el Ejecutivo debería prohibir las manifestaciones de este tipo por proferir odio hacia nuestros compañeros, sus familiares y hacia la propia Institución».
