El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por su concejal-presidente Gonzalo de Oro, elevará al pleno municipal de este viernes una proposición en defensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La iniciativa busca frenar el grave abandono institucional y la falta de medios que sufren los agentes desplegados en la capital catalana, además de instar al Gobierno central a declarar sus funciones como profesión de riesgo.
Gonzalo de Oro ha denunciado de forma tajante la precaria situación en la que desempeñan sus funciones los agentes destinados en la ciudad condal, señalando la incoherencia de las condiciones actuales: «La Guardia Civil y la Policía Nacional sufren también un deterioro clarísimo en nuestra ciudad. En Barcelona sufren un déficit de plantillas gravísimo y de material, mientras hay que recordar que siguen teniendo competencias importantísimas».
«No tiene sentido que el complemento de territorialidad en Barcelona sea de 65 euros, con la situación precaria en la que viven nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mientras por ejemplo en el País Vasco son 800. Apoyarles a ellos es apoyar la seguridad de todos. Y si ellos están bien, Barcelona será segura, que es nuestro principal objetivo», ha añadido.
Entre los puntos más destacados de la proposición, VOX exige que el Consejo Municipal solicite al Ejecutivo central la cobertura total de las plantillas, el blindaje jurídico de los efectivos en sus actuaciones y el fin del desmantelamiento soterrado de sus infraestructuras en Cataluña.
La iniciativa recuerda el papel estratégico que ambos cuerpos desempeñan en Barcelona en materias clave como el control de fronteras, aduanas, resguardo fiscal, lucha contra el crimen organizado internacional y seguridad en infraestructuras críticas como el Puerto de Barcelona y el Aeropuerto de El Prat.
Asimismo, la formación solicita que la ciudad rinda un homenaje institucional con la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Cívico a ambas instituciones. VOX reclama también un reconocimiento público a la labor realizada por los agentes desplegados en Cataluña para asegurar el orden constitucional tras el golpe separatista de 2017.
