VOX ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que reclama un endurecimiento de la legislación en materia de inmigración y delincuencia. Entre las principales medidas planteadas figura la expulsión de los extranjeros condenados por delitos, el cumplimiento de sus penas en sus países de origen y la publicación de la nacionalidad de los delincuentes en los balances oficiales de criminalidad elaborados por el Ministerio del Interior.
La iniciativa propone modificar el artículo 89 del Código Penal con el objetivo de que cualquier ciudadano extranjero condenado por un delito sea expulsado de España. Además, la formación liderada por Santiago Abascal plantea retirar la nacionalidad española a aquellos inmigrantes nacionalizados que sean condenados por la comisión de hechos delictivos.
Otra de las medidas incluidas en la propuesta persigue que todas las órdenes de expulsión dictadas contra ciudadanos extranjeros lleguen a ejecutarse de manera efectiva. Para ello, VOX solicita al Gobierno impulsar las reformas legales necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de estas resoluciones y reforzar tanto la seguridad como el control de las fronteras.
El texto registrado también reclama una mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre delincuencia. En concreto, el partido pide que el Ministerio del Interior incorpore el país de origen de los autores de los delitos en los balances periódicos de criminalidad, argumentando que esa información permitiría a los ciudadanos conocer, según sostiene la formación, el impacto de la inmigración sobre la seguridad.
Asimismo, VOX plantea que España negocie acuerdos con terceros países y promueva cambios normativos en el ámbito de la Unión Europea para que los ciudadanos extranjeros condenados por los tribunales españoles cumplan las penas privativas de libertad en sus Estados de origen. La propuesta contempla, además, la creación de mecanismos que permitan verificar periódicamente que esas condenas se ejecutan de forma efectiva.
La iniciativa fue presentada públicamente por la portavoz parlamentaria de VOX, Pepa Millán, quien defendió estas medidas como actuaciones de «puro sentido común». Durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso, aseguró que su formación continuará impulsando iniciativas dirigidas a revertir lo que calificó como una «invasión migratoria» y las consecuencias que, a su juicio, está teniendo sobre la seguridad ciudadana.
Millán también dirigió sus críticas contra las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente contra los procesos de regularización de inmigrantes. Según expuso, las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan a que existe más de un millón de solicitudes vinculadas a estos procedimientos.
La portavoz de VOX relacionó además esa situación con la figura de la reagrupación familiar, recordando que fue incorporada a la legislación de extranjería durante la reforma aprobada en el año 2000. En su intervención sostuvo que este proceso está favoreciendo el incremento de los empadronamientos ilegales y afirmó que, según distintas informaciones, algunas de estas inscripciones llegarían a pagarse por importes de hasta 800 euros. A su juicio, esta circunstancia beneficia a las mafias dedicadas a la inmigración ilegal y perjudica a los ciudadanos españoles con menos recursos.
