VOX ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión «intempestiva» del magistrado instructor del proceso golpista del separatismo catalán, Pablo Llarena, de levantar la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, después del aval del Tribunal Constitucional a la amnistía para el delito de malversación.
En su recurso, el partido que preside Santiago Abascal pide al magistrado que deje sin efecto esa decisión y mantenga la orden de detención, que también alzó para los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, los tres procesados y no juzgados porque huyeron de la justicia.
La formación, que ejerce como acusación popular en la causa del proceso independentista, considera que la decisión «no se ajusta a derecho» porque «ningún dato relativo a la situación procesal de los procesados ha cambiado: siguen declarados en rebeldía, fuera del territorio nacional y sin haber comparecido».
Además, señala que el delito de malversación «sigue excluido de la amnistía por resoluciones firmes dictadas en esta causa» y «la causa permanece suspendida respecto de ellos a la espera de que sean hallados para su enjuiciamiento».
VOX incide también en que existen dos cuestiones prejudiciales pendientes de resolver ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «justifican el mantenimiento de las medidas cautelares hasta su resolución».
A su entender, el único elemento nuevo es que se ha conocido una sentencia del Constitucional que ampara a «una tercera persona», la exconsejera Dolores Bassa, «lo que lleva a adoptar decisiones que resultan intempestivas y carentes de motivación» en este momento procesal.
