El Partido Popular y VOX han anunciado este miércoles un acuerdo de gobierno en Aragón que consolida la entrada de la formación liderada por Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico. El pacto se ha hecho público en vísperas del Día de Aragón y en la misma jornada en la que María Guardiola ha sido investida presidenta de Extremadura.
El portavoz de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, ha subrayado que el acuerdo supone «más políticas de VOX» y responde directamente al resultado electoral del pasado 8 de febrero. «Los aragoneses pidieron más VOX y este acuerdo es una respuesta natural a las urnas», ha afirmado, destacando especialmente la introducción del principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales.
VOX asumirá competencias clave dentro del Ejecutivo autonómico, incluyendo las consejerías de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería y Alimentación. Una de estas áreas tendrá rango de vicepresidencia, si bien todavía no se ha definido cuál ni los nombres de los futuros consejeros. Nolasco ha insistido en que «el quién es lo último», priorizando el contenido político del acuerdo.
El dirigente ha agradecido la «disposición y valentía» del presidente de Aragón, Jorge Azcón, para cerrar el pacto, al tiempo que ha criticado las «zancadillas» procedentes de la dirección nacional del PP durante las negociaciones.
El acuerdo incorpora un amplio paquete de medidas que redefine las prioridades del Ejecutivo aragonés. En el ámbito social, se prevé un incremento sostenido del gasto sanitario, un plan de choque contra las listas de espera, la ampliación de los servicios de salud bucodental y la gratuidad tanto de la educación de 0 a 3 años como de la primera matrícula universitaria.
En materia económica y fiscal, el pacto contempla una bajada de impuestos para rentas inferiores a 52.500 euros, bonificaciones para jóvenes y familias numerosas, así como un plan de apoyo a la natalidad y a la conciliación. También se plantea una reducción generalizada de tasas y precios públicos.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la defensa del campo aragonés frente a las políticas europeas, con la creación de un fondo de compensación para agricultores y ganaderos afectados por el Pacto Verde o acuerdos como Mercosur. Asimismo, se incluye un plan de protección frente a inundaciones en el Ebro, medidas contra los ataques de grandes depredadores y la reintroducción del lince ibérico.
El pacto también introduce un giro en política energética y territorial, con la defensa del suelo productivo frente a la expansión de macroparques eólicos y fotovoltaicos, así como un ambicioso plan contra la despoblación que incluye incentivos fiscales, inversión en carreteras y mejoras en la conectividad rural.
En el ámbito migratorio, han acordado reforzar el control del padrón para evitar fraudes que permitan el acceso irregular a ayudas públicas, así como eliminar subvenciones a ONG que promuevan la inmigración. El acuerdo incluye además la oposición a nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados (menas), auditorías sobre el gasto en inmigración y medidas como pruebas de edad, acuerdos de repatriación y la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos.
En vivienda, el Ejecutivo apostará por aumentar la oferta mediante la simplificación urbanística, la construcción de 8.000 viviendas —entre públicas y protegidas— y ayudas directas a jóvenes y familias para el acceso a la propiedad. También se endurecerá la lucha contra la ocupación ilegal, con desalojos inmediatos y apoyo jurídico a las víctimas.
El acuerdo consolida así un programa político con fuerte acento en la soberanía nacional, el control migratorio, el apoyo al mundo rural y la reducción del gasto político, marcando un nuevo rumbo en la política autonómica aragonesa.
