Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera la vuelta a la ocupación de las plazas en la Policía Judicial de la Guardia Civil por el sistema de libre designación como una «prueba de la involución auspiciada por el Gobierno actual».
La redacción del nuevo Real Decreto de Destinos de la Guardia Civil, promovido por las altas instancias de la Guardia Civil y de los ministerios de Defensa e Interior, ha aprovechado la oportunidad para evitar que el logro de la ocupación de las plazas de Policía Judicial por concurso de méritos permanezca vigente y ha impuesto nuevamente el sistema de ocupación de puestos por libre designación, auspiciada por los Generales componentes del Consejo de la Guardia Civil y por su asociación profesional.
IGC advierte del riesgo, «perfectamente conocido por el Gobierno, de la pérdida de independencia política y de la utilización y sumisión de los miembros de la Policía Judicial a los dictados y designios de esa concreta y limitada organización directiva de la Institución, en torno al seleccionado grupo de oficiales procedentes de la Academia General Militar, y de los “lobbys” de poder interno de esa élite directiva».
Desde hace cuatro años, los puestos de libre designación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a excepción de la conocida Unidad Central Operativa (UCO), se cubrían mediante el sistema de concurso oposición en base a sus méritos profesionales. Ahora se vuelve nuevamente al pasado sistema que «permite a los oficiales de la Guardia Civil que ostentan la jefatura provincial de la Policía Judicial, también designados por libre designación en su cargo, elegir a los peticionarios a su arbitrio».
Para IGC, la vuelta a ese sistema de ocupación de puestos de trabajo representa una «clara regresión a un sistema organizativo de la Guardia Civil que favorece o facilita que puedan darse situaciones de nepotismo, de afinidad personal, simpatía o amistad hacía los seleccionados, la falsedad y adulación en las relaciones entre profesionales, y, lo que es peor, generando inseguridad jurídica, discriminación y exclusión en la Policía Judicial por la personalidad o forma de pensar de los guardias civiles».
Los oficiales, denuncian, «tendrán que realizar -ya sea por voluntad propia o impuesta- informes desfavorables de buenos profesionales, buscándole defectos y no reconociendo sus méritos, para que otros puedan ocupar su plaza en la Policía Judicial, convirtiéndose esta en un instrumento manejado al arbitrio de la personalidad del jefe provincial».
Independientes de la Guardia Civil apela al director general, profesional de la Justicia, a «reflexionar sobre la medida, por cuanto qué pasaría si los cargos de juez y magistrado se ocuparan por la libre designación del Poder Judicial, a su vez elegido por el mismo sistema… Es evidente que se pondría claramente en riesgo la libertad y autonomía de los jueces, quebrando su independencia e imparcialidad».
«Llevar el sistema de libre designación tan lejos como para decidir desde el empleo de guardia civil hasta el de oficial quiénes deben ocuparlo supera la potestad de la Administración para elegir, dentro de las condiciones o requisitos de la convocatoria, al participante que estime más adecuado para el desempeño del que se trate, utilizando un sistema no supeditado a una valoración tasada de los méritos invocados según un baremo previamente establecido», han denunciado desde IGC.
Los agentes recuerdan al Gobierno que la Guardia Civil «no es una empresa privada donde el empleador o empresario decide a quiénes quiere para trabajar, sino que es una entidad pública al servicio de todos los españoles y que no se puede hacer de la misma un instrumento creado al capricho, o siquiera a la libre voluntad de la persona que ostenta la Jefatura de una Unidad provincial de la Policía Judicial compuesta en término medio por 50 guardias civiles».
Las consecuencias de ese sistema son claras, advierten: «sólo podrán integrar la Policía Judicial de la Guardia Civil los elegidos por el jefe, excluyendo al resto del sistema de concurso oposición y vulnerando por ello el artículo 23.2 de la Constitución». Además, lamentan, «el jefe se verá en la necesidad de evaluar negativamente el trabajo del subordinado, aunque lo haga mejor que la media, para poder echarlo de la Unidad y meter a sus elegidos».
