El Ministerio de Hacienda confirmó este martes que, de ahora en adelante, quienes perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, estarán sujetos al IRPF. Sumar calificó esta decisión de «unilateral y sin consenso», lo que desató una crisis en directo entre los socios de la coalición. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz y Pilar Alegría se corrigieron mutuamente, evidenciando que lo que empezó como un desencuentro verbal ya ha escalado a un enfrentamiento político real. En respuesta, Sumar ha registrado en el Congreso una proposición de ley para eliminar la «imposición» establecida por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y que exima del IRPF a los trabajadores que cobren el SMI, un órdago que, según sus cálculos, podría reunir los votos necesarios para prosperar.
Por otro lado, el bloque socialista se ha quedado prácticamente aislado en este asunto, sin el respaldo de fuerzas ni de la derecha ni de la izquierda, ya que incluso EH Bildu se ha posicionado en contra de la medida del Ministerio de Hacienda. Aunque nadie se atreve a pronosticar la solución exacta, se presupone que será indispensable alcanzar un acuerdo. Fuentes gubernamentales recuerdan con pesar los recurrentes líos con Unidas Podemos en legislaturas anteriores y aseguran: «Si lo hicimos con Junts, ¿cómo no vamos a hacerlo con ellos?» Esta situación evidencia también el deterioro en la relación entre el PSOE y Yolanda Díaz durante el último año, en el que la ministra ha perdido parte de su liderazgo y músculo electoral, mientras los socialistas insisten en ser «la parte mayoritaria» del Ejecutivo.
Desde la Moncloa se ha justificado la aplicación del IRPF al nuevo SMI argumentando la necesidad de recaudar fondos en un contexto fiscal complicado. Tras el fracaso en impulsar el impuesto a las energéticas, con el gravamen al diésel aún pendiente y la cesión del impuesto a la banca a las comunidades autónomas para obtener su aprobación, Hacienda se ve obligado a equilibrar ingresos y gastos, especialmente para cumplir con los hitos necesarios para recibir fondos europeos. Los socialistas estiman que este cambio podría generar alrededor de 2.000 millones de euros, destinados a financiar políticas de vivienda. Sin embargo, tales explicaciones resultan difíciles de comprender, haciendo parecer que el Gobierno pretende gravar a las rentas más bajas.
