La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado por la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que la Audiencia Nacional solicite a Estados Unidos explicaciones detalladas sobre la obtención del contenido del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, investigado en el caso Plus Ultra y en el que fueron hallados mensajes incriminatorios para el exdirigente socialista.

La fiscal del caso, Elena Lorente, ha respaldado el criterio del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que rechazó inicialmente la petición por considerarla prematura. La defensa de Zapatero, ejercida por el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, recurrió entonces la decisión ante la Sala.

En su escrito, Anticorrupción sostiene que todavía no es «el momento procesal oportuno» para plantear las numerosas aclaraciones reclamadas por el abogado del expresidente. La estrategia de la defensa pasa por cuestionar la validez del contenido extraído del teléfono de Reyes, actualmente fuera del alcance de la Justicia española.

Según expone la Fiscalía, la petición afecta a actuaciones realizadas por «las autoridades soberanas de otro país, en este caso, Estados Unidos», que obtuvieron el contenido del dispositivo bajo su propia legislación y normativa interna.

El juez Piña consideró que el primer paso debe ser solicitar a las autoridades estadounidenses autorización para utilizar ese material en un eventual juicio contra Zapatero. Solo después de recibir una respuesta estudiaría las aclaraciones planteadas por la defensa sobre cuestiones como la intervención de una autoridad judicial en la incautación del dispositivo o la cadena de custodia.

El contenido del teléfono fue copiado en 2021 por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) cuando Reyes intentaba entrar en Estados Unidos a través de un aeropuerto. Las autoridades estadounidenses remitieron el material a la Policía española a principios de este año, coincidiendo con el registro del domicilio del empresario por orden de la Audiencia Nacional y su inclusión en los sistemas de búsqueda policiales.

La defensa de Zapatero también cuestiona que el juez Piña afirmara en uno de sus autos que la incautación había sido realizada por una autoridad «judicial». El recurso sostiene que el HSI es una autoridad administrativa y no judicial.

Anticorrupción resta importancia a esa cuestión. «Resulta obvio que el HSI no es, strictu sensu, autoridad judicial, sino administrativa, como también es obvio que la defensa no pidió aclaración en su día de ese extremo, por otra parte, de nulo impacto en aquella resolución», señala el escrito.

La Fiscalía también rechaza otro recurso presentado por Zapatero, en este caso por una supuesta indefensión relacionada con su citación para declarar sobre las joyas localizadas en su caja fuerte.

La defensa alegó que el expresidente no había dispuesto de tiempo suficiente para preparar su declaración. Sin embargo, Lorente sostiene que pudo comenzar a hacerlo desde el 19 de mayo, cuando, tras varias reticencias, la secretaria de Zapatero accedió a abrir la caja fuerte.

La fiscal considera que no puede existir indefensión porque el investigado se acogió a su derecho a no declarar y podrá prestar declaración cuando lo considere conveniente.

«De momento, desconocemos en qué circunstancias obtuvo el Sr. Rodríguez Zapatero estas joyas», concluye Anticorrupción, casi un mes después de la declaración del expresidente socialista ante la Audiencia Nacional y cerca de dos meses después del registro de su despacho.