El expresidente del Gobierno imputado, José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó en 2007 una legislación que permitió nacionalizar a cientos de miles de descendientes de españoles residentes en el extranjero sin exigirles, en determinados supuestos, acreditar que sus familiares habían abandonado España como consecuencia de la Guerra Civil. La conocida como «Ley de Nietos» había permitido aprobar 241.763 solicitudes de nacionalidad hasta marzo de 2012, mientras que los nuevos ciudadanos españoles podían acceder a ayudas consulares de hasta 200 euros si acreditaban encontrarse en situación de necesidad.

La Ley 52/2007, de Memoria Histórica, comenzó a aplicarse en materia de nacionalidad el 27 de diciembre de 2008 y estableció dos vías de acceso. La primera beneficiaba a quienes tuviesen un padre o una madre originariamente español. La segunda contemplaba a los nietos de quienes hubiesen perdido o renunciado a su nacionalidad por el exilio.

Sin embargo, una instrucción del Ministerio de Justicia, publicada el 26 de noviembre de 2008, aclaró que la primera vía también permitía obtener la nacionalidad a nietos de emigrantes españoles cuyos progenitores hubiesen nacido en el extranjero antes de que sus abuelos perdieran la nacionalidad. En estos casos no era necesario acreditar que la emigración familiar estuviese relacionada con la Guerra Civil.

Los datos oficiales reflejan el alcance de aquella medida. Según el balance publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores el 30 de marzo de 2012, España había recibido 503.439 solicitudes, de las cuales 241.763 estaban aprobadas. El 92,34% de las peticiones correspondía a hijos de padre o madre originariamente español, una categoría que también incluía a determinados nietos de emigrantes.

A esta ampliación de la nacionalidad se sumaba la posibilidad de acceder a prestaciones económicas. La Orden AEX/1059/2002, vigente durante el mandato de Zapatero, autorizaba a los responsables de embajadas y consulados españoles a conceder directamente ayudas individuales de hasta 200 euros a los nuevos ciudadanos españoles que se encontraran en situación de necesidad.

La regulación contemplaba que, si el solicitante carecía de documentos para acreditar esa necesidad, pudiera justificarla mediante una declaración expresa y responsable. Este mecanismo también podía utilizarse para acreditar la necesidad de asistencia consular cuando no existiesen medios de prueba suficientes.

De esta forma, la legislación impulsada por Zapatero permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes que no necesariamente habían sido exiliados políticos, otorgándoles la posibilidad de acogerse a las prestaciones asistenciales previstas para ciudadanos españoles en el extranjero.