El carné de identidad digital desarrollado por el Ministerio del Interior podrá utilizarse en las próximas elecciones generales después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya levantado su suspensión. Sin embargo, la aplicación MiDNI carece del reconocimiento transfronterizo y de la certificación contemplados en la normativa europea eIDAS2 para las carteras de identidad digital. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recupera así su utilización en las urnas mientras continúa pendiente la puesta en marcha de la cartera europea que España debe ofrecer antes del 24 de diciembre de 2026, según avanza El Debate.
La autorización llega después de las dudas sobre la seguridad del sistema. En marzo, la Junta Electoral Central suspendió el uso de MiDNI y MiDGT para identificar a los votantes hasta que existieran garantías suficientes. La controversia surgió porque Interior había defendido inicialmente que bastaba con mostrar la pantalla del teléfono, sin necesidad de comprobar criptográficamente la autenticidad del documento.
El funcionamiento de MiDNI se basa en un código QR temporal que contiene información facilitada y firmada digitalmente por la Policía Nacional. Para verificarlo correctamente, es necesario utilizar otro dispositivo que compruebe su validez. Expertos en ciberseguridad advirtieron de los riesgos de aceptar una simple imagen en pantalla, susceptible de ser falsificada sin las correspondientes comprobaciones.
Ahora, la JEC ha cambiado de criterio después de que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska garantizara que todas las mesas electorales dispondrán de los medios necesarios para verificar los códigos. No obstante, el acuerdo conocido no detalla ninguna auditoría técnica independiente ni un protocolo específico para afrontar posibles incidencias. MiDGT seguirá suspendida y MiDNI tampoco recuperará, por el momento, su utilización para identificarse en los trámites del voto por correo.
La controversia coincide con los retrasos del Ejecutivo para desarrollar la identidad digital europea. Aunque Bruselas estableció en 2024 la obligación de proporcionar una cartera homologada antes de finalizar 2026, el Consejo de Ministros no autorizó hasta el pasado 29 de septiembre la tramitación urgente del real decreto necesario para organizar el sistema. Mientras tanto, MiDNI continúa siendo una aplicación de alcance nacional, distinta de la cartera europea regulada por eIDAS2.
El propio Grande-Marlaska presentó la herramienta en abril de 2025 como un importante avance tecnológico y aseguró que tendría la misma eficacia jurídica que el DNI físico para determinados usos, incluido el ejercicio del derecho al voto. Sin embargo, también reconoció que no podría emplearse para cruzar fronteras ni para acreditar la identidad en el extranjero. La aplicación dispone de garantías nacionales de seguridad, pero no de las certificaciones específicas previstas para las futuras carteras europeas.
Así, a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el Gobierno vuelve a introducir la identificación mediante el teléfono móvil en las mesas electorales. Una decisión que reabre el debate sobre la transparencia de las comprobaciones técnicas y las garantías exigibles a un instrumento destinado a acreditar la identidad de los ciudadanos durante una votación.
