Al menos 26 fiscales se han sumado al estado de Virginia en su solicitud a la Corte Suprema para impedir que más de 1.600 personas que no poseen ciudadanía estadounidense puedan votar en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Esta petición, elaborada en un extenso documento y que han recogido medios como Fox News, argumenta que la orden judicial que exige la restauración de estos votantes en los registros de Virginia carece de fundamento y es desproporcionada.
El fallo judicial que permite que esas personas puedan votar ha sido calificado por los fiscales como una «interpretación radical de la Ley Nacional de Registro de Votantes«. Además, esta interpretación ha levantado dudas sobre la constitucionalidad de la ley en su aplicación dentro de los estados.
La jueza Patricia Giles, en una decisión tomada la semana pasada, prohibió que Virginia elimine de sus registros a más de 1.600 personas que el estado había identificado como posibles no ciudadanos. Su fallo se basó en la proximidad de las elecciones, ya que una purga como esta, efectuada en agosto, se encontraría dentro del periodo de 90 días previos a una elección presidencial, lo cual está prohibido por la legislación federal para evitar manipulaciones en los registros de votantes.
La petición de emergencia de Virginia sostiene que no sólo el estado sufriría un perjuicio irreparable si la eliminación de estos votantes no se mantiene, sino que también impactaría a los votantes y a la sociedad en su conjunto. En palabras de los fiscales, es vital «preservar la integridad de las elecciones» y asegurar que la ley impida el sufragio de quienes no poseen la ciudadanía.
Por su parte, el expresidente Donald Trump ha descrito la orden judicial como «indignante», y ha mostrado su respaldo a la moción de Virginia, subrayando la importancia de prevenir lo que considera una posible manipulación de los resultados.
