Los legisladores demócratas de California dieron luz verde este lunes a una partida de 90 millones de dólares destinada a Planned Parenthood y a otras clínicas que practican abortos, en respuesta directa a los recortes impulsados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La medida, aprobada en Sacramento, busca compensar la pérdida de financiación federal derivada de la nueva normativa firmada el año pasado por el mandatario republicano.
El impulso legislativo parte de la mayoría demócrata que controla el Capitolio estatal y se enmarca en el choque abierto entre California y Washington en materia de políticas sanitarias vinculadas al aborto. Según informa Los Angeles Times, la iniciativa pretende cubrir el vacío económico generado tras la prohibición de destinar fondos federales de Medicaid a Planned Parenthood, establecida en la denominada Ley «One Big Beautiful Bill», respaldada por los republicanos y rubricada por Trump.
El presidente de la Asamblea, el demócrata Robert Rivas, defendió públicamente la decisión y acusó al presidente de Estados Unidos de «destruir la atención médica y aumentar los costos«. A su juicio, la respuesta de su partido pasa por reforzar la inversión en salud femenina y atención materna, insistiendo en que «las familias son lo primero en California».
El proyecto legislativo, identificado como Proyecto de Ley Senatorial 106, fue presentado por el senador demócrata John Laird y tiene como objetivo explícito amortiguar el impacto de los recortes federales sobre los proveedores de abortos en el estado. Tras su aprobación en ambas cámaras, el texto se dirige ahora al despacho del gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, conocido por su firme defensa del aborto.
Desde la bancada republicana, el asambleísta David Tangipa expresó su rechazo en el pleno. Durante el debate, cuestionó la prioridad presupuestaria otorgada a la organización abortista y señaló que más de 60 hospitales en California se encuentran al borde del cierre. En su intervención, advirtió de que muchos centros que ofrecen atención de alta calidad a mujeres atraviesan graves dificultades financieras.
La votación vuelve a evidenciar la profunda división política en torno al aborto en Estados Unidos y confirma la voluntad del Gobierno estatal de California de sostener con recursos propios a Planned Parenthood frente a las restricciones federales impulsadas desde la Casa Blanca.
