La tasa de mortalidad materna ha caído un 17% en los Estados Unidos desde que varios estados restringieron el aborto tras la histórica anulación de la sentencia Roe vs. Wade en 2022. Así lo confirman los últimos datos del sistema de salud estadounidense, que contradicen frontalmente uno de los principales dogmas del lobby abortista: que limitar el aborto pondría en riesgo la vida de las mujeres.

Según las cifras difundidas por la web especializada Lifenews, en 2023 se registraron 669 muertes maternas en el país, lo que equivale a una tasa de 18,6 por cada 100.000 nacidos vivos. La reducción supone un 17% menos que en 2022 y un desplome del 43% respecto al pico de la pandemia, cuando la cifra alcanzó los 32,9 casos.

Raimundo Rojas, director de difusión del Comité Nacional por el Derecho a la Vida de Estados Unidos y representante del organismo ante la ONU, ha celebrado estos datos en El Debate: «Estas cifras reflejan vidas reales salvadas. Y desmontan por completo las advertencias de que las leyes provida generarían una crisis sanitaria entre las madres».

Rojas recuerda que durante décadas los defensores del aborto aseguraron que cualquier protección legal al no nacido aumentaría el riesgo de muerte materna. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario. Desde que el Tribunal Supremo derogó Roe vs. Wade, los estados que aprobaron leyes provida han registrado descensos sostenidos en la mortalidad materna, con cifras similares a las de antes de la pandemia.

“Esto no es un relato, sino una realidad medible”, afirma Rojas. “Las muertes maternas no aumentaron tras la promulgación de leyes provida. De hecho, disminuyeron, y esa tendencia se mantiene a comienzos de 2024, con datos preliminares que rondan los 18 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos”.

El activista provida denuncia que las organizaciones abortistas, buena parte de los medios de comunicación y ciertos responsables públicos se esforzaron en difundir la idea de que la limitación del aborto devastaría la salud de las mujeres. Según su discurso, las nuevas leyes provocarían un colapso sanitario, multiplicarían los embarazos de riesgo y forzarían a las mujeres a recurrir a métodos inseguros. Ninguna de esas predicciones se ha cumplido.

Las verdaderas causas de la mortalidad materna están bien documentadas: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, crisis de salud mental, hemorragias e infecciones. Todas ellas representan cerca del 80% de los casos, según el propio sistema sanitario estadounidense.

Los especialistas coinciden en que la reducción de la mortalidad materna depende de un acceso adecuado a la atención médica antes, durante y después del parto. Esto incluye controles prenatales regulares, evaluaciones de riesgo, seguimiento posparto y asistencia obstétrica de emergencia.

Rojas defiende la ampliación de la cobertura sanitaria para madres recientes y la puesta en marcha de programas de calidad perinatal. También pide atención especial para las mujeres negras e indígenas, cuyas tasas de mortalidad siguen siendo dos o tres veces más altas que las de las madres blancas. “Nada de eso exige acabar con una vida en el útero. Lo que hace falta es un compromiso real con la vida fuera de él”, resume.

El representante ante la ONU denuncia además que los defensores del aborto intentaron manipular los datos, atribuyendo falsamente a las leyes provida muertes ocurridas por COVID-19. “La realidad es que la mortalidad materna está cayendo, y no gracias al aborto, sino a las mejoras concretas en los sistemas de salud materna”, recalca.

Los estados que ampliaron la cobertura posparto, reforzaron los programas de colaboración perinatal y apoyaron los centros de salud comunitarios son los que han experimentado los descensos más notables.

“Proteger a los niños no nacidos significa también proteger a sus madres”, concluye Rojas. “La mortalidad materna es una tragedia nacional que exige responsabilidad moral y hechos, no consignas. Un país que defiende la vida debe hacerlo en todas sus etapas”.