El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha abierto una investigación criminal sobre la gestión y la financiación de los refugios para inmigrantes en la Ciudad de Nueva York, en medio de crecientes críticas por el despilfarro de fondos públicos en estos centros.
Los fiscales federales han enviado una citación formal al Hotel Chandler, en Midtown Manhattan, solicitando información detallada sobre el programa de refugio. En la orden se exige una lista con los nombres completos de los extranjeros alojados en el hotel, así como su nacionalidad, fecha de nacimiento y números de identificación. Además, el documento requiere un listado de las personas y entidades responsables de la financiación del programa, junto con la documentación relacionada con el funcionamiento de estos albergues, detalla The New York Times.
El uso de hoteles como refugios para inmigrantes en Nueva York se intensificó a partir de 2022, cuando la administración local firmó contratos con más de 100 hoteles para alojar a la creciente ola migratoria. Hasta la fecha, las autoridades estiman que alrededor de 230.000 inmigrantes ilegales han pasado por estos alojamientos, generando un enorme gasto.
Los republicanos, tanto a nivel estatal como nacional, han denunciado que esta política no sólo sobrepasa los recursos de la ciudad, sino que también incentiva la llegada masiva de inmigrantes ilegales. En respuesta a esta crisis, el presidente Donald Trump ha recortado 80 millones de dólares en fondos federales que se destinaban a costear estos hoteles.
Cierran el mayor refugio de la ciudad
Uno de los puntos centrales de esta polémica ha sido el Centro de Respuesta y Ayuda Humanitaria de Emergencia, ubicado en el Hotel Roosevelt, el mayor de los refugios utilizados por el Ayuntamiento. Desde su apertura en 2023, este establecimiento ha alojado a más de 173.000 solicitantes de asilo.
Sin embargo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció a finales de febrero el cierre definitivo del centro, asegurando que esta decisión ahorrará millones de dólares a los contribuyentes.
El alcalde también destacó que, en el último año, la ciudad ha cerrado 53 refugios y clausurado todas las instalaciones basadas en tiendas de campaña. No obstante, sus medidas han sido criticadas por muchos neoyorquinos que denuncian que su administración sigue priorizando el gasto en inmigrantes ilegales mientras los problemas de vivienda y criminalidad siguen en aumento.
Con la investigación del DOJ en marcha, la gestión de los refugios en Nueva York podría convertirse en un nuevo escándalo que exponga la opacidad en el manejo de fondos públicos y las irregularidades en la administración de los recursos para inmigrantes ilegales.
