La reciente derogación de Roe contra Wade, la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos que durante medio siglo consagró el aborto como un derecho constitucional, ha provocado las reacciones esperadas en el Partido Demócrata, sus apoyos económicos y arrabales mediáticos. Reacciones de todo tipo y en una sola dirección. Joe Biden o Alexandria Ocasio Cortez, Bill Gates o Elon Musk, Anderson Cooper o el último reportero de CNN, todo el oficialismo estadounidense lleva un mes con el grito en el cielo y las vestiduras rasgadas por lo que el vocero de Megan Markel describió ante la asamblea general de las Naciones Unidas como «un asalto mundial a la democracia y la libertad».
El inquilino de la Casa Blanca mencionó la posibilidad de redactar una ley federal que regule el aborto por encima del poder estatal; Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, habló directamente de ampliar el número de jueces de la Corte para darle una mayoría «progresista»; o Alexis McGill Johnson, presidente de Planned Parenthood, apuntó a la necesidad de enturbiar el ambiente hasta las elecciones de medio término previstas para noviembre.
En lo político, la resolución del alto tribunal supone un contratiempo inesperado para la ciénaga de Washington, ese ecosistema habitado por demócratas y RINOS (republicanos sólo de nombre), en el que la promoción secular de la cultura de la muerte es práctica incuestionable. En lo económico, más que un revés, la revocación de Roe contra Wade significa un problema para la muy lucrativa expresión industrial de esa cultura.
Tras Roe, alrededor de la mitad de los estados dificultarán el acceso al aborto hasta prohibirlo. Cada año nacerán más de 100.000 bebés que no hubiesen tenido esa suerte con la legislación vigente hasta hace cosa de un mes. Tantos niños como los sacrificados cada doce meses en España. Una cifra importante, paralela al cierre esperado de más de una cuarta parte de las clínicas abortivas en los Estados Unidos. En concreto, las previsiones más fiables apuntan a que 202 de los 790 abortorios repartidos por todo el país se verán obligados a detener su actividad.
De igual modo que las legislaciones sobre la interrupción del embarazo serán acaso el principal reflejo de la distancia diametral entre decenas de millones de estadounidenses, la ubicación de los establecimientos dedicados a ello será evidencia palpable de esa división. Aunque la cantidad de clínicas se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, entre 2017 y 2021, fueron clausuradas el doble de las que abrieron en los estados sureños, donde ya habían sido endurecidas las normativas al respecto. Sólo California, con 168, es sede de más centros abortivos que otros treinta y cuatro estados sumados. En el extremo opuesto, hasta el dictamen del tribunal, Mississippi, Missouri, las dos Dakotas, Virginia Occidental y Wyoming contaban con un solo abortorio en cada uno de ellos.
El paso de las semanas evidencia que la derogación de Roe contra Wade, avance político y moral de fondo para toda la sociedad estadounidense, que divide a la nación en dos, no será el argumento electoral que los partidarios del aborto esperan para las elecciones legislativas y estatales de noviembre, mientras el alza de los precios y el deterioro general de la economía son más palpables cada día.
