El gobernador de Florida Ron DeSantis ha firmado un proyecto de ley que refuerza el marco legal del estado frente a la influencia de normativas extranjeras y organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad pública.

La norma, conocida como HB 1471, establece que los tribunales de Florida no podrán reconocer ni aplicar leyes de otros países o de carácter religioso cuando entren en conflicto con los derechos constitucionales. Asimismo, invalida cualquier sentencia, contrato o disposición jurídica procedente del exterior que pretenda eludir estas garantías.

El texto legislativo también introduce nuevas herramientas en materia de seguridad. En concreto, faculta al responsable de Seguridad Nacional del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para proponer la designación de organizaciones terroristas dentro del ámbito estatal. A su vez, permite sancionar a nivel local a aquellas entidades extranjeras ya identificadas como terroristas por el gobierno federal.

Una vez incluidas en estas listas, dichas organizaciones quedan sujetas a estrictas restricciones, como la prohibición de recibir financiación o apoyo público. Además, las personas o entidades que colaboren con ellas podrían enfrentarse a sanciones penales relevantes.

En el ámbito educativo, la legislación incorpora medidas adicionales de control. Se prohíbe el uso de fondos públicos para respaldar o difundir actividades vinculadas a organizaciones terroristas, y los centros que incumplan esta norma podrían perder financiación estatal. También se contemplan posibles medidas disciplinarias para estudiantes que promuevan la violencia de este tipo.

Durante el anuncio, DeSantis defendió que el estado debe regirse por un único sistema jurídico basado en la Constitución, al tiempo que subrayó la necesidad de proteger las instituciones frente a injerencias externas y riesgos emergentes.

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones recientes impulsadas por el gobierno estatal. Entre ellas, destaca una orden ejecutiva firmada en diciembre que instaba a las agencias públicas a utilizar todos los mecanismos legales disponibles para impedir actividades ilícitas relacionadas con organizaciones terroristas, incluyendo la retirada de contratos, ayudas y beneficios a quienes les presten apoyo.

Además, Florida ha intensificado la supervisión sobre posibles influencias extranjeras en el sistema educativo, ha limitado acuerdos con entidades vinculadas a países considerados adversarios y ha ampliado las capacidades de las fuerzas de seguridad para hacer frente a amenazas cambiantes.

Con este conjunto de medidas, el estado busca reforzar el control institucional, garantizar la primacía de su marco legal y fortalecer la protección de la ciudadanía frente a riesgos vinculados a la seguridad y la influencia exterior.