«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
Se agarran a la 14 Enmienda de la Constitución

El Gobierno de Biden revela que todo niño tiene derecho a recibir bloqueadores de la pubertad

El presidente de EEUU, Joe Biden. Europa Press

Van a por los niños, capítulo XCXXI. Hasta la fecha, la humanidad civilizada ha entendido que los niños no pueden decidir, porque carecen de la madurez intelectual necesaria para hacerse responsables de sus decisiones. Ha sido siempre un principio jurídico universalmente compartido y sigue plenamente vigente para un montón de cosas: a los menores de edad no se les aplican las leyes penales tras la comisión de un delito y no pueden ir a prisión. No pueden votar. No pueden comprar alcohol ni tabaco. No pueden casarse ni suscribir contratos por su cuenta. No pueden conducir. No pueden someterse a cirugía sin permiso parental.

Lo que sí pueden hacer, en cambio, incluso con la oposición de sus padres, es someterse a tratamientos hormonales que detienen su desarrollo para asemejarse al sexo contrario y quizá también a operaciones falsamente llamadas de reasignación de sexo, ambos con consecuencias irreversibles. Al menos, eso es lo que defiende la Administración norteamericana.

Ante el rápido avance de estas teorías absolutamente anticientíficas y disparatadas, algunos estados conservadores están reaccionando, no solo reiterando los derechos de los padres sino, además, prohibiendo procedimientos que se consideran inseguros y que condicionan el resto de la vida de un menor.

Pero el Gobierno de Joe Biden se ha sacado de la manga una teoría desquiciada, según la cual la 14 Enmienda de la Constitución protege el derecho de un niño a tomar bloqueadores de la pubertad. Las prohibiciones de tratamientos hormonales para niños con disforia de género, como la prescripción de testosterona a un niño transgénero de 12 años, violan la cláusula de igual protección de la Enmienda 14.

Esta postura criminal la ha presentado el gobierno en el caso LW contra Skrmetti, una demanda presentada en un tribunal federal de Nashville, Tennessee, por las familias de tres niños transgénero: una hija transgénero de quince años (que decidió que era transgénero a los 12 años), una hija transgénero de quince años y un hijo transgénero de doce años. Las tres familias se oponen a una ley que acaba de aprobar el Congreso de Tennessee que «establece prohibiciones de ciertos procedimientos médicos relacionados con la identidad de género en menores». Alegan que la ley de Tennessee viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14 al afectar solo a los transgénero y viola el derecho a la autonomía de los padres garantizado por la cláusula del debido proceso de la Enmienda 14. Los tres niños en cuestión están “actualmente recibiendo atención médica” prohibida por la reciente legislación de Tennessee.

El «tratamiento» (hormonas y bloqueadores de la pubertad) que reciben estos niños y tratamientos similares cada vez más comunes en Estados Unidos, incluyendo la castración quirúrgica y la maestectomía, se consideran «necesarios» para remediar los efectos de la disforia de género por las principales asociaciones médicas norteamericanas. La ley en cuestión no prohíbe la terapia hormonal en general, sino solo en relación a la disforia de género.

Y esa es la objeción del DOJ de Biden: que el tratamiento de la disforia de género no puede prohibirse categóricamente, incluso si los legisladores de un estado consideran que el tratamiento es peligroso, ineficaz y, en última instancia, dañino. La Administración Biden argumenta que la ley «amenaza con daños irreparables» a estos niños y a cualquier otro niño «transgénero» en el estado de Tennessee. Dice que una persona transgénero, a quien define como «alguien cuya identidad de género es inconsistente con su sexo asignado al nacer», debería ser una clase protegida, que «el estatus transgénero merece un mayor escrutinio» porque es «inmutable» como el género. Por lo tanto, las leyes que se enfocan en el tratamiento de la disforia de género deben recibir un escrutinio intermedio por parte de los tribunales.

La posición de la Administración Biden de que la identificación de una persona como transgénero debería elevarla a una clase protegida similar al género no ha sido adoptada por el Tribuna Supremo ni por la mayoría de los circuitos federales de apelación. Si se aceptara, causaría un cambio significativo en la ley y pondría en riesgo numerosas leyes estatales que prohíben la mutilación de género infantil o la administración de bloqueadores de la pubertad a los jóvenes. En otras palabras, es su forma de eludir el proceso legislativo.

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