En 2025, casi tres de cada diez procedimientos de deportación en Estados Unidos concluyeron con la salida voluntaria del inmigrante ilegal implicado, la proporción más elevada registrada hasta la fecha, según datos revisados por CBS News. El fenómeno se produce en el primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y coincide con la ampliación de su política de presión migratoria y la puesta en marcha de ayudas económicas para quienes opten por abandonar el país por iniciativa propia.
Las cifras apuntan a un cambio sustancial en la dinámica de expulsiones. A lo largo de 2025, el porcentaje de salidas voluntarias entre los detenidos aumentó de forma constante hasta alcanzar el 38% en diciembre. El análisis citado no contempla a quienes fueron sometidos a procedimientos de expulsión acelerada sin comparecer ante un juez de inmigración, por lo que el alcance real podría diferir.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado año un programa que ofrece un estipendio a los inmigrantes ilegales que tramiten su salida a través de la aplicación CBP Home, junto con un billete gratuito de regreso a su país de origen. En enero, responsables del departamento confirmaron que la cuantía se elevaría hasta los 2.600 dólares, manteniendo el vuelo sin coste.
Según han trasladado las autoridades, alrededor de dos millones de inmigrantes indocumentados se habrían autodeportado en el último año. La secretaria del DHS, Kristi Noem, defendió el incremento del incentivo económico como una medida que, en sus palabras, busca facilitar la salida voluntaria de quienes permanecen en territorio estadounidense sin documentación. Al mismo tiempo, advirtió de que quienes no acepten la opción ofrecida serán localizados y detenidos, y que no se les permitirá regresar.
El impacto de esta estrategia se refleja también en la evolución demográfica. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que, durante el primer año del segundo mandato de Trump, la población nacida en el extranjero descendió en 2,3 millones de personas. La cifra supone una corrección respecto a los cuatro años del anterior presidente, Joe Biden, etapa en la que ese colectivo creció en 7,4 millones, según los mismos registros oficiales.
El giro, respaldado por incentivos económicos y una política de control más estricta, consolida así un cambio de tendencia en la gestión migratoria estadounidense y marca distancia con el periodo anterior.
