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DENUNCIAN QUE LA LEY ES 'RACIALMENTE DISCRIMINATORIA'

Estadounidenses negros demandan a Nueva York por permitir votar a más de 800.000 extranjeros

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Reuters

Como en el poema de Bertolt Brecht, cada vez son más los gobiernos descontentos con el pueblo que les ha elegido y decididos a cambiarlo por otro. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, una nueva ley da a casi un millón de extranjeros el derecho a votar en las elecciones municipales, una iniciativa que ha llevado a un grupo de residentes negros a presentar una demanda judicial contra la Junta Electoral.

La ley la aprobaron el mes pasado los demócratas que controlan el Concejo Municipal de Nueva York, y permitirá a más de 800.000 extranjeros con tarjetas de residencia, visados y permisos de trabajo votar en las elecciones municipales si llevan al menos un mes residiendo en la Gran Manzana.

Phyllis Coachman, Deroy Murdock, Katherine James y Anthony Gilhuys, representados por la Fundación Legal de Interés Público (PILF, por sus siglas en inglés) han presentado una demanda en un tribunal federal siguiendo el modelo de otra similar al nivel del estado por vulnerar la Enmienda Decimoquinta y la Ley de Derechos Electorales.

Lo fascinante del asunto es que pone de manifiesto dos de los fenómenos más significativos del panorama político actual. Por una parte, como ya hemos señalado, alerta sobre el ardiente deseo de los gobernantes de alterar la composición demográfica de los gobernados, cambiar de pueblo. Pero, por otra, revela la creciente fractura y el conflicto entre los dispares «grupos protegidos» que constituyen la base de poder de la izquierda. Porque, en este caso, de lo que se quejan los demandantes es de que la nueva ley es racialmente discriminatoria al diluir los votos de los estadounidenses negros añadiendo cientos de miles de inmigrantes hispanos y asiáticos a las listas de votantes.

La demanda afirma: «La Ley Local 11 viola la Decimoquinta Enmienda y la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales porque fue adoptada con una intención racial inadmisible. Fue la intención explícita de los patrocinadores de la Ley aumentar la fuerza de voto de ciertos subgrupos raciales y al mismo tiempo disminuir la fuerza de voto de otros subgrupos raciales . Una ley electoral promulgada con cualquier intención o propósito racial es inconstitucional según la Decimoquinta Enmienda y la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. Como ha declarado la Corte Suprema de los Estados Unidos, “No hay cabida en la Enmienda para el concepto de que el derecho al voto en una elección en particular pueda asignarse en función de la raza».

Es decir: no hay problema por convertir casi de la noche a la mañana en estadounidenses de pleno derecho a millones de extranjeros que han entrado en violación de la ley y que traen consigo sus propias costumbres, tradiciones, cultura y lealtades, ajenas a la nación que les acoge; pero otra cosa muy distinta es alterar la sacrosanta proporcionalidad de las razas.

Según datos del Censo de 2020, hay aproximadamente 1,3 millones de extranjeros residentes en los condados de Bronx, Kings, Nueva York y Queens. De ese total, aproximadamente 495.000 son hispanos y 348.000, asiáticos.

La ciudad de Nueva York tiene aproximadamente cinco millones de votantes registrados activos. La adición de casi un millón de votantes extranjeros podría representar casi el 20% o más del electorado en las futuras elecciones de la Ciudad de Nueva York, margen más que suficiente para dar la victoria a uno u otro partido.

En junio, el Tribunal Supremo de Nueva York anuló la ley equivalente a nivel del estado por considerarla «ilegal, nula e inválida” porque «está claro… que votar es un derecho otorgado a los ciudadanos de los Estados Unidos”.

La demanda federal presentada por estadounidenses negros es la tercera en impugnar la ley, pero la primera que solicita a los tribunales federales que intervengan para bloquear su aplicación.

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