El FBI ha despedido a cinco analistas que participaron en la elaboración del llamado «Memorando Richmond», un documento interno que vinculaba a determinados grupos de católicos tradicionalistas con posibles amenazas extremistas.
Según informó The Associated Press, entre los empleados despedidos figuran cuatro analistas de inteligencia y un analista supervisor. Todos ellos participaron en la redacción o revisión del informe elaborado en enero de 2023 por la oficina de campo del FBI en Richmond, durante la etapa de Christopher Wray al frente de la agencia.
El documento, de once páginas, llevaba por título: «El interés de los extremistas violentos con motivaciones raciales o étnicas por la ideología católica radical-tradicionalista presenta, casi con toda seguridad, nuevas oportunidades de mitigación».
El memorando provocó una fuerte indignación entre católicos, conservadores y defensores de la libertad religiosa en Estados Unidos, al considerar que el FBI estaba tratando como potencial foco de extremismo a comunidades religiosas tradicionales por sus posiciones doctrinales, litúrgicas o culturales.
El texto citaba entre sus fuentes al Southern Poverty Law Center —SPLC—, una organización progresista ampliamente criticada por sectores conservadores y religiosos por incluir en sus clasificaciones de extremismo a grupos que defienden posiciones tradicionales sobre religión, familia, sexualidad o vida pública.
Además, de cara al ciclo electoral de 2024, el memorando sugería que determinados extremistas podían intentar utilizar comunidades religiosas tradicionales como espacios de reclutamiento o difusión ideológica.
El FBI realizó posteriormente una investigación interna sobre el documento. Esa revisión, llevada a cabo todavía bajo la dirección de Wray, no encontró pruebas de mala intención por parte de sus autores, pero sí concluyó que el memorando no cumplía los estándares adecuados y contenía errores de juicio profesional.
La Administración Trump fue más allá. En abril de 2026 publicó un informe titulado «Erradicar los prejuicios anticristianos dentro del Gobierno federal», en el que citó expresamente el Memorando Richmond como uno de los casos más significativos de presunto sesgo anticristiano dentro de la Administración.
Para la Casa Blanca, el informe del FBI reflejaba una deriva peligrosa: utilizar el aparato de seguridad del Estado para vigilar o estigmatizar a ciudadanos por sus creencias religiosas tradicionales.
El abogado de los analistas despedidos, David Laufman, criticó la decisión y defendió a sus clientes. «Esta medida es manifiestamente injusta, carece por completo de fundamento factual y va en contra de la política y los procedimientos habituales del FBI», afirmó en un comunicado. «Estas personas se merecían un trato mucho mejor por el servicio público excepcional y leal que prestaron para proteger nuestro país», añadió.
