La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva norma a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que obligará a acreditar la ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible para poder acceder a ayudas públicas de vivienda, incluida la conocida Sección 8 destinada a personas con bajos ingresos. La medida fue presentada el jueves y supone un endurecimiento de los requisitos para quienes soliciten este tipo de asistencia financiada con fondos de los contribuyentes.

El cambio normativo se apoya en la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que ya prohíbe conceder ayudas económicas del HUD a quienes no sean ciudadanos estadounidenses o no encajen en determinadas categorías de extranjeros autorizados. Sin embargo, la nueva regulación revisa el reglamento actual para imponer la verificación obligatoria del estatus migratorio o de la ciudadanía a todos los solicitantes y beneficiarios, sin excepción por edad.

Además, la norma introduce un límite a la asistencia prorrateada. Hasta ahora, este tipo de ayuda podía mantenerse de forma indefinida en determinadas circunstancias. Con la reforma, esa condición pasará a ser temporal mientras se comprueba la situación migratoria de todos los miembros de la unidad familiar, siempre que la ley lo permita. Según el propio Departamento, estas modificaciones buscan ajustar la regulación a la letra y al espíritu de la Sección 214, así como alinearla con las prioridades de reforma regulatoria de la actual Administración.

El secretario de HUD, Scott Turner, explicó que el objetivo es cerrar lo que considera una laguna legal que ha permitido a inmigrantes ilegales beneficiarse del sistema de vivienda pública. De acuerdo con los datos citados, alrededor del 2% de los hogares encabezados por inmigrantes ilegales reciben asistencia para la vivienda, frente al 6% de los hogares encabezados por inmigrantes legales.

En declaraciones a Politico, Turner aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Trump, «se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a voto y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses«. El secretario defendió una política de «tolerancia cero» frente a lo que describió como un desprecio hacia los ciudadanos que trabajan y sostienen el sistema con sus impuestos.

La nueva norma no surge de manera aislada. En agosto del año pasado, el Departamento ya ordenó revisar la situación de los inquilinos que residen en viviendas públicas y exigió documentación que acreditara ciudadanía o estatus migratorio elegible. En aquel momento, Turner afirmó que comenzaba «el principio del fin para los inmigrantes ilegales que viven en viviendas financiadas por los contribuyentes».

Con esta propuesta, la Administración Trump consolida su línea de endurecimiento en materia migratoria y refuerza los controles sobre el acceso a recursos públicos, con el argumento de que deben destinarse exclusivamente a quienes cumplen los requisitos legales establecidos.