Estados Unidos otorgó durante años visados a ciudadanos procedentes de algunos de los países más corruptos del mundo, una práctica que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió frenar el año pasado mediante órdenes ejecutivas que suspendieron total o parcialmente esa inmigración. Así lo expone un nuevo análisis del Centro de Estudios de Inmigración, que examina el origen de los extranjeros afectados por las medidas adoptadas por la actual Administración.
El informe pone el foco en el nivel de corrupción de los países cuyos nacionales habían accedido a territorio estadounidense. De acuerdo con la clasificación elaborada por Transparencia Internacional, Sudán del Sur ocupa el primer puesto como país más corrupto del mundo, seguido de Somalia. Pese a esa realidad institucional, en el año fiscal 2024 casi 1.800 ciudadanos de ambos Estados recibieron visados para viajar a Estados Unidos.
La situación no se limita a África. Venezuela, que figura como el tercer país más corrupto a nivel global y cuya emisión de visados ha sido parcialmente restringida, vio cómo casi 2.600 de sus nacionales fueron admitidos en Estados Unidos durante el mismo ejercicio fiscal tras la concesión de sus respectivas visas.
Ronald Mortensen, del Centro de Estudios de Inmigración, advierte de que para los funcionarios estadounidenses resulta prácticamente imposible verificar con garantías la identidad y los antecedentes de solicitantes procedentes de estos entornos. En muchos de estos países, señala, no se puede asegurar la validez ni la exactitud de los documentos utilizados en los procesos de admisión debido a la combinación de registros deficientes o inexistentes, fraude, sobornos y deshonestidad personal.
El informe describe cómo, mediante el pago de un soborno, un ciudadano —e incluso alguien que no lo sea— puede obtener certificados de nacimiento falsos, antecedentes policiales manipulados, títulos académicos inexistentes, pasaportes fraudulentos o extractos bancarios ficticios. Todos ellos son documentos que, en condiciones normales, sirven a las autoridades estadounidenses para comprobar la identidad y la trayectoria de quien solicita la entrada en el país.
Ante este escenario, Mortensen sostiene que Trump «no le quedó otra opción» que suspender la entrada de personas provenientes de países altamente corruptos, al considerar inviable una verificación efectiva y con el objetivo de evitar una mayor importación de culturas de corrupción. El análisis concluye así que las órdenes ejecutivas respondieron a un problema estructural que las autoridades no podían controlar con los mecanismos tradicionales de supervisión.
