La primera promesa de Trump —no de ahora, de su primera campaña electoral— era la de revertir la invasión de extranjeros que han entrado ilegalmente en Estados Unidos, muy especialmente bajo la anterior Administración Biden. Y si todavía es pronto para declararla «Misión Cumplida», sí podemos decir ya que el plan progresa adecuadamente: Trump ya ha deportado a 527.000 inmigrantes ilegales en lo que lleva de mandato.

La Administración Trump va camino de batir récords históricos y deportar a casi 600,000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año de su segundo mandato. Más de dos millones de inmigrantes indocumentados han dejado Estados Unidos, incluyendo 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente, y más de 527.000 han sido deportados, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una declaración oficial del departamento, su responsable, Kristi Noem, recalcó el papel de la aplicación informática CBP Home, que permite a los inmigrantes ilegales notificar al Gobierno su intención de salir de los Estados Unidos. El Gobierno les ofrece mil dólares y vuelos gratuitos para que se autodeporten a sus países de origen. Aquellos a los que se arreste y deporte no podrán regresar a Estados Unidos.

Según el DHS, las fuerzas del orden han estado expulsando del país a «los peores criminales extranjeros ilegales», entre los que se incluyen violadores, asesinos, traficantes de drogas y pedófilos, a pesar de enfrentarse a la oposición de los políticos en las «jurisdicciones santuario».

Los «santuarios» son localidades —municipios, condados o estados enteros— que declaran su voluntad de incumplir las medidas contra la inmigración masiva y de no colaborar con los agentes de inmigración. Según una lista del 8 de agosto del Departamento de Justicia (DOJ), 12 estados y 18 jurisdicciones locales del país están actualmente clasificados como territorios que siguen estas políticas.

En su batalla contra la inmigración ilegal, la Administración se topa a cada paso con protestas de extrema izquierda organizadas y bien financiadas, a menudo violentas, y con el activismo de jueces proinmigracionistas por todo el país, sin contar con la ya citada obstrucción expresa de los «santuarios’».

Cabe señalar que el servicio de inmigración, ICE, tiene alrededor de 129 centros de detención en todo Estados Unidos para albergar a inmigrantes ilegales antes de presentarlos ante un juez de inmigración o expulsarlos del país.