La Administración del presidente Donald Trump ya ha revocado más de 80.000 visas de no inmigrante desde su llegada al poder el 20 de enero, en el marco de una política migratoria mucho más severa y selectiva. Según un alto funcionario del Departamento de Estado, las cancelaciones afectan principalmente a personas implicadas en delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones físicas o robos. Sólo estos tres tipos de infracciones suman casi la mitad de las revocaciones registradas en lo que va de año.
Las medidas, que reflejan el endurecimiento general del control migratorio impulsado por la Casa Blanca, incluyen una revisión mucho más exhaustiva de los antecedentes de los solicitantes, así como un escrutinio de sus redes sociales antes de autorizar nuevas visas. La iniciativa ha sido descrita como parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad nacional y depurar el sistema migratorio estadounidense.
De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 16.000 de las cancelaciones estuvieron relacionadas con casos de conducción en estado de embriaguez, 12.000 con agresiones y unas 8.000 con delitos de robo.
En los últimos meses, el Departamento de Estado también ha retirado miles de visados a estudiantes extranjeros acusados de permanecer más tiempo del autorizado o de haber violado las condiciones de su estancia. En agosto, un portavoz del departamento reconoció la revocación de más de 6.000 permisos de este tipo, algunos de ellos por presunto «apoyo al terrorismo».
El alcance de las medidas no se limita a infracciones legales o administrativas. El mes pasado, Washington canceló las visas de al menos seis personas por publicaciones en redes sociales que contenían comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en mayo la retirada de cientos o incluso miles de visados a individuos —incluidos universitarios— por participar en actividades que, según dijo, contradecían los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Las nuevas directrices enviadas a embajadas y consulados instan a los diplomáticos estadounidenses a extremar la vigilancia sobre los solicitantes con antecedentes de militancia política o simpatías consideradas hostiles hacia el país. Fuentes cercanas a la administración aseguran que incluso residentes legales y estudiantes con permiso de estancia pueden ser deportados si manifiestan apoyo a los palestinos o critican las acciones de Israel en la guerra de Gaza, pues dichas posturas se interpretan como una amenaza para la política exterior de Washington y una forma de respaldo a Hamás.
