No es ningún secreto que el Ejército de Estados Unidos, el más poderoso del mundo, se ha convertido de un tiempo a esta parte en un laboratorio para las más enloquecidas políticas de ingeniería social izquierdista, lo que ha llevado, entre otras cosas, a un desplome sin precedentes en el reclutamiento, en un momento en que la guerra en Ucrania y las ambiciones chinas con respecto a Taiwán exigen a Washington tener listo y en estado de revista a su estamento militar.
Por eso la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, quiere aprovechar las discusiones sobre el presupuesto militar para minimizar los daños de esta deriva woke en las fuerzas armadas. Los conservadores están multiplicando las enmiendas necesarias —370 en total— para revertir la politización woke en el Ejército introducida agresivamente por la administración Biden con sus teoría racial crítica y sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Así, la Cámara ha revocado la política de viajes pagados para realizar abortos del Departamento de Defensa, prohibido que los programas de atención médica ofrezcan tratamientos de transición de género e introducido reformas en los programas DEI, algo con apenas precedentes, ya que habitualmente el presupuesto de Defensa se aprueba por consenso de los dos grandes partidos.
Los demócratas han resistido hasta el final, acusado a sus contrarios —¿lo adivinan?— de imponer una «agenda de extrema derecha» al Pentágono y, con el tiempo, a la nación. Una alerta antifascista en toda regla.
Los planes de gastos de defensa de ambas cámaras superan los 886.300 millones solicitados en marzo por la administración Biden, pero la versión del Senado de la ley, que se presentará en la cámara liderada por los demócratas la próxima semana, no incluye las enmiendas en la Cámara.
El diputado republicano Ronny Jackson propuso derogar una política del Departamento de Defensa que reembolsa los gastos de los miembros del servicio que viajan para obtener un aborto desde un estado donde el procedimiento está restringido a un estado donde está permitido. Jackson sostuvo que la Administración de Biden pretende con esta medida «eludir» la derogación de Roe v. Wade por el Tribunal Supremo, que da libertad a los estados para regular el aborto provocado. Dijo que la política viola directamente la Sección 1093 del Título 10 del Código de Estados Unidos «que restringe los fondos puestos a disposición del DOD y prohíbe que se usen para abortos».
Entre otras enmiendas adoptadas están las medidas que prohíben que el programa de atención médica del DOD «brinde cirugías de reasignación de sexo y tratamientos de hormonas de género para personas transgénero» y procedimientos de transición de género a través de un programa diseñado para familiares con necesidades especiales.
