La red de fundaciones de George Soros ha anunciado una nueva ofensiva financiera en Estados Unidos: 300 millones de dólares durante los próximos cinco años para organizaciones que, bajo el lenguaje de la «defensa de la democracia», los «derechos civiles» y la «seguridad económica», forman parte del ecosistema progresista que combate políticamente a la Administración de Donald Trump.
La iniciativa ha sido presentada por Open Society Foundations (OSF) como una estrategia para proteger los derechos democráticos y promover la seguridad económica en Estados Unidos. Sin embargo, el anuncio llega en un momento especialmente sensible: Trump y sus aliados han intensificado la presión contra organizaciones sin ánimo de lucro y financiadores progresistas, acusados de fomentar la división política, apoyar redes radicales o actuar como estructuras de poder ideológico al margen de las urnas.
La propia OSF ha reconocido que ya ha comprometido 20 millones de dólares de esa cantidad para este año. Ese dinero irá destinado a organizaciones dedicadas a litigios estratégicos, defensa del sector sin ánimo de lucro y seguimiento de la corrupción estatal en Estados Unidos. En otras palabras: financiación para estructuras capaces de influir en tribunales, condicionar políticas públicas y sostener una red de presión permanente contra gobiernos conservadores.
La directora general de Open Society Foundations en Estados Unidos, Laleh Ispahani, negó que la organización vaya a retroceder ante las críticas de la Administración Trump. «Continuamos nuestro trabajo sin cesar. No nos dejaremos intimidar», afirmó al ser preguntada por los ataques contra la red Soros.
La nueva estrategia es también el primer gran programa centrado exclusivamente en Estados Unidos aprobado bajo el liderazgo de Alex Soros, hijo de George Soros y actual presidente de Open Society Foundations. Alex Soros ha dirigido en los últimos años una profunda reestructuración interna de la organización, marcada por despidos y una reorganización de prioridades.
En su comunicado, el heredero del imperio filantrópico de Soros defendió que los derechos y libertades garantizados son tan importantes como la prosperidad económica y constituyen, según dijo, la defensa más fuerte contra una «sociedad cerrada». Pero detrás de ese lenguaje aparentemente neutral se encuentra una de las maquinarias de influencia política más poderosas del mundo occidental: una red global de financiación, litigio, activismo, medios, campañas cívicas y presión institucional.
La nueva inversión de OSF buscará impulsar políticas estatales que refuercen la protección de grupos considerados vulnerables y que puedan replicarse en otros estados. También promoverá iniciativas ligadas a salarios, cuidado infantil, vivienda asequible y reducción de brechas de riqueza. En la práctica, se trata de un programa político amplio, orientado a intervenir en las batallas culturales, jurídicas y económicas que definirán el futuro de Estados Unidos.
La ofensiva se produce después de que aliados de Trump en el Congreso pidieran al Servicio de Impuestos Internos y al Departamento de Justicia investigar a organizaciones sin ánimo de lucro acusadas de apoyar el terrorismo interno, la inmigración ilegal o agendas climáticas radicales. La entonces fiscal general Pam Bondi ordenó en diciembre investigar a entidades vinculadas al apoyo a Antifa, término usado para describir a grupos de extrema izquierda que Trump ha señalado como amenaza doméstica.
La financiación de Soros se suma a un fenómeno más amplio: el aumento de las donaciones de grandes fundaciones a programas relacionados con la democracia. Según investigaciones citadas en la información original, las grandes fundaciones filantrópicas incrementaron de forma significativa este tipo de financiación entre 2013 y 2020, especialmente durante el primer mandato de Trump.
Otras grandes fundaciones, como Ford, MacArthur o McKnight, también han anunciado compromisos millonarios para proyectos vinculados al voto, los derechos civiles, la participación política y la defensa institucional. Aunque se presentan como iniciativas no partidistas, buena parte de estos programas comparte una misma orientación ideológica: contrarrestar a la derecha, frenar el avance del soberanismo y blindar el poder cultural del progresismo.
