Una jueza en Virginia ha decidido frenar un proceso de depuración en las listas de votantes del estado. La magistrada Patricia Giles ordenó la reincorporación de más de 1.600 personas que habían sido eliminadas del registro por presunta falta de ciudadanía, argumentando que la eliminación de votantes había ocurrido en una fecha demasiado cercana a las elecciones presidenciales. Esta medida, tomada el 7 de agosto, infringe las leyes federales, que prohíben a los estados realizar depuraciones masivas de sus registros electorales en los 90 días previos a una elección.
La decisión de la jueza llegó poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una demanda contra Virginia, alegando que el estado había llevado a cabo una depuración irregular de su lista de votantes en vísperas de los comicios de noviembre. Según las declaraciones del gobernador Glenn Youngkin, la intención de su administración era exclusivamente remover a no ciudadanos de las listas electorales.
El proceso se inició en agosto, cuando el gobernador firmó una orden ejecutiva que establecía una revisión diaria del padrón electoral para identificar posibles irregularidades. Esta revisión comparaba los datos del Departamento de Vehículos Motorizados, que registra a personas que se han identificado como no ciudadanas, con la lista oficial de votantes inscritos. A los votantes señalados se les notificaba de su posible salida, a menos que pudieran demostrar su ciudadanía en un plazo de 14 días.
En respuesta a la demanda federal, Youngkin emitió una carta en la que cuestionó las intenciones del Departamento de Justicia, sugiriendo que esta acción era un esfuerzo por deslegitimar las elecciones en Virginia. Señaló que la ley de 2006, firmada por el entonces gobernador demócrata Tim Kaine, exige la exclusión de no ciudadanos del padrón electoral si estos se registran como votantes tras haberse identificado como no ciudadanos. Youngkin sostuvo que los ciudadanos, tanto de Virginia como del resto del país, reconocerían esta acción como un intento por socavar el proceso democrático.