Se ha cumplido un año de la segunda toma de posesión de Donald Trump como 47º presidente y Estados Unidos ya ha iniciado un nuevo año electoral. El 3 de noviembre se elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores de los 100 que forman esta cámara y los gobernadores de 36 estados y tres territorios (incluido Puerto Rico).
Se trata de unas elecciones en las que tradicionalmente el partido del presidente pierde escaños en el Capitolio. Si la mengua es enorme, en el caso de un presidente en su último mandato, éste puede convertirse en un pato cojo, es decir, en un gobernante sin capacidad para conseguir la aprobación de sus propuestas, desde el nombramiento de magistrados del Supremo al presupuesto federal. Ahora el Partido Republicano tiene una corta mayoría absoluta en las dos cámaras, y Trump y su equipo quieren, al menos, mantenerla.
Como en este tipo de elecciones los asuntos internos suelen pesar más que los internacionales, la Casa Blanca ha optado por centrarse en uno de los puntos principales del programa de Trump que le dieron la victoria en 2024: la lucha contra la inmigración.
Cierre de fronteras y remigración
Cuando comentó en rueda de prensa la intervención militar en Venezuela del 3 de enero que concluyó con la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Trump mencionó a «un millón de venezolanos» establecidos en Estados Unidos que, según él, ya pueden regresar a su país. El año pasado, el Gobierno de Trump revocó el estatuto de protección especial otorgado por Joe Biden a los venezolanos, que les concede permiso de trabajo y protege de la deportación.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el viernes 16 que la frontera de Estados Unidos es la «más segura» de la historia, para lo que aportó datos de detenciones y liberaciones bajo palabra. Según el mismo ministerio, las deportaciones durante 2025 ascendieron a 622.000 personas.
Una de las últimas medidas al respecto ha sido la suspensión temporal de visados por motivos laborales a nacionales de 75 países a partir del 21 de enero, por parte del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio.
En septiembre, el Gobierno ya impuso una tarifa de 100.000 dólares para las visas H-1B, que permiten a las empresas de EEUU contratar a trabajadores extranjeros «altamente especializados» para sectores como los de tecnología, ingeniería, salud y educación. Este programa se puso en marcha en 1990 y los mayores beneficiados han sido ciudadanos indios.
Ahora se prohíbe la entrada a todos los ciudadanos de 75 países (incluso algunos europeos, como Rusia y Bosnia, y otros considerados aliados, como Egipto, Siria y Jordania) que aduzcan motivos laborales. Se mantienen los visados por turismo o estudios. La finalidad es la protección de la riqueza y los impuestos del pueblo de EEUU al terminar con el abuso por parte de estos inmigrantes de los programas de asistencia social públicos (sanidad, educación, vivienda).
Entre los afectados, se encuentran los nacionales de Colombia, Nicaragua, Guatemala, Marruecos, Argelia y Senegal, que en España, en cambio, gozan de acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones que los españoles, y no suelen ser expulsados, aunque se encuentren en situación irregular.
Bajada del precio de la vivienda
La Casa Blanca aprovecha cualquier dato positivo que apoya su política y lo difunde con la impetuosidad ya conocida por parte de Trump y su equipo. El domingo 18, la Casa Blanca colocó en redes sociales un hilo con los delincuentes detenidos por el ICE en Minnesota, estado gobernado por los demócratas donde se ha descubierto un inmenso fraude cometido por la comunidad somalí, a la que se ha permitido establecer allí desde los años 90.
En esta lista de «promesas cumplidas» se incluye el descenso de muertes causadas por el fentanilo, otro de los puntos del programa de Trump, debido al cierre de la frontera con México. Las oficinas federales calculan que 73.000 personas murieron por sobredosis en el período de 12 meses que finalizó en agosto de 2025, un 21% menos que las 92.000 registradas de los 12 meses anteriores.
Igualmente, el Gobierno atribuye a las deportaciones y al cierre de la frontera la disminución del coste de la vivienda. El 14 de enero la oficina del presidente envió un post en X en que el que aseguraba que en 14 de las 20 ciudades con mayor población de inmigrantes indocumentados, los precios de venta de las viviendas cayeron en diciembre respecto al año anterior. Por el contrario, señaló que las únicas tres ciudades con ligeros aumentos son «ciudades santuario», gobernadas por alcaldes demócratas.
