El Gobierno del presidente Donald Trump ha logrado un nuevo hito en su campaña por reducir el gasto público y eliminar el despilfarro dentro de la Administración federal. En apenas cinco días, las agencias gubernamentales rescindieron o redujeron 103 contratos innecesarios, valorados en un máximo de 4.400 millones de dólares, lo que se tradujo en un ahorro directo de más de 103 millones, según informó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) el 1 de noviembre.
La iniciativa, impulsada para optimizar el uso de los fondos públicos y frenar el derroche burocrático, se enmarca en un programa más amplio que, hasta el 4 de octubre, ha ahorrado más de 214.000 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses. Según los cálculos del propio DOGE, el ahorro equivale a 1.329 dólares por ciudadano.
El departamento detalló que los contratos anulados incluían casos tan llamativos como un acuerdo de 13,4 millones de dólares con la Administración de Veteranos para “servicios de apoyo de coaching y panel de control”, y dos contratos del Departamento de Estado, de 43.000 y 44.000 dólares, destinados a cursos sobre “influencia crucial” y “el poder del hábito”.
Los mayores recortes se produjeron en organismos clave como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración del Seguro Social, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Administración de Personal y la Administración de Pequeñas Empresas.
El DOGE, creado con el objetivo de auditar el gasto federal y detectar irregularidades, ha señalado varios ejemplos de lo que considera “usos absurdos del dinero público”. Entre ellos, una subvención de 620.000 dólares destinada a implantar un programa de prevención del embarazo adolescente «inclusivo para niños transgénero LGBT», y otra de 841.000 dólares para estudiar la influencia del “estigma interseccional” en la presión arterial.
